El Consejo de la Judicatura informó, este martes 15 de marzo del 2022, que 14 magistrados conformarán la primera Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.
A través de sus redes sociales, la entidad indicó que “se acerca la convocatoria para elegir 14 juezas y jueces especializados en resolver delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Por primera vez, Ecuador contará con una Unidad Anticorrupción”.
¿Cuál será la principal función de estos magistrados?
En una resolución emitida por la Judicatura se detalla que ellos juzgarán 44 tipos de delitos.
Estos jueces resolverán siete delitos de corrupción: peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo.
Además, conocerán 37 ilícitos relacionados con el crimen organizado, entre ellos, genocidio, esclavitud, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, trata de personas, delitos de lesa humanidad, tráfico ilícito de migrantes, secuestro extorsivo, entre otros.
Esa resolución también menciona que no todas las causas las conocerán estos jueces especializados. Los procesos penales deben cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, el delito debe ser perpetrado por una estructura criminal organizada, las acciones delictivas deben tener connotación nacional o internacional y también deben existir víctimas con graves afectaciones.
Avances de este proyecto
Esta Unidad Anticorrupción funcionará a partir de agosto de 2022 y operará en Quito. Así lo indicó el presidente de la Judicatura, Fausto Murillo.
El presupuesto para este proyecto es de USD 1,6 millones. Ese monto ya fue certificado por el Ministerio de Finanzas. Mientras que el equipamiento tecnológico será financiado por el Gobierno de Estados Unidos.
“El financiamiento para los equipos técnicos, tecnológicos y la capacitación correspondiente lo cubrirá la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos”, indicó Ory Abramowicz, director de ese organismo en Ecuador. Él también dijo que el aporte del Gobierno de EE.UU. asciende USD 500 000.
En esta dependencia judicial trabajaran 40 personas. 14 de ellas son jueces, el resto son secretarios, asistentes y personal administrativo.