La investigación del caso Triple A se inició en julio de 2024, tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. En ella, se alertaba sobre una irregular distribución y comercialización de hidrocarburos, que habría generado un perjuicio económico al Estado.
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A partir de esta alerta, la Fiscalía General del Estado realizó varios operativos en distintas provincias.
A lo largo del proceso, las diligencias judiciales enfrentaron múltiples retrasos. La formulación de cargos se postergó en cuatro ocasiones debido a cambios de abogados y problemas de salud del juez.
Finalmente, en diciembre de 2024 se logró formalizar el proceso contra cinco personas naturales y cinco empresas. En febrero de 2025, la Fiscalía solicitó la vinculación de más investigados, incluyendo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Los primeros allanamientos y la investigación inicial de Fiscalía en el caso Triple A
El 23 de julio de 2024, la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron varios allanamientos en Guayaquil y Milagro. Durante estos operativos, se recabaron evidencias sobre el presunto almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Se identificó a cinco empresas y cinco personas naturales como parte de la investigación. Las indagaciones apuntaban a la posible distribución irregular de combustible subsidiado en zonas fronterizas y mineras.
Entre los hallazgos, se detectó que una estación de servicio adquirió más de siete millones de galones de diésel. Sin embargo, su capacidad de almacenamiento no superaba los 10 000 galones. Este informe fue emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Ante las inconsistencias detectadas, la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción profundizó las pesquisas. Con esta información, la Fiscalía preparó los primeros cargos contra los presuntos implicados.
El 14 de octubre de 2024, la audiencia de formulación de cargos no pudo instalarse debido al cambio de abogados defensores. Un mes después, el 6 de noviembre, la diligencia volvió a suspenderse por problemas de salud del juez.
La situación se repitió el 14 de noviembre, cuando un nuevo cambio de abogados impidió el desarrollo de la audiencia. Finalmente, el 1 de diciembre de 2024, la audiencia fue declarada fallida.
Después de cuatro intentos, la audiencia se instaló el 14 de diciembre de 2024. La Fiscalía formuló cargos contra cinco personas naturales y cinco empresas investigadas. Dos días después, el juez dictó medidas cautelares para los procesados. Se estableció la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para los investigados.
Solicitud de vinculación de nuevos procesados
El 19 de febrero de 2025, la Fiscalía realizó operativos en cinco gasolineras ubicadas en Zamora Chinchipe, Loja y El Oro. Estas estaciones estarían relacionadas con la comercialización irregular de combustibles.
Durante los operativos, se recabaron documentos y registros de transacciones de diésel subsidiado. Con estos elementos, la Fiscalía amplió su investigación y preparó nuevas solicitudes de vinculación.
El 21 de febrero de 2025, la Fiscalía ingresó un pedido para la audiencia de vinculación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. El requerimiento incluyó a otras nueve personas y varias empresas investigadas.
La audiencia fue convocada para el 5 de marzo de 2025 por el juez anticorrupción Jairo García. La diligencia se desarrollará de manera virtual, si las condiciones técnicas lo permiten.
