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Las anomalías técnicas y financieras en las contrataciones de emergencia suscritas durante la crisis energética de 2024 situaron en el centro de las indagaciones a intermediarios privados. La actuación de Walther Manrique en el caso Progen es investigada por la justicia penal como una presunta coautoría en el delito de peculado por un perjuicio estatal calculado en 104,3 millones de dólares, correspondiente a los anticipos cancelados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) para incorporar generación térmica que nunca llegó a operar en el país.
Pese a registrar una inhabilitación legal para celebrar contratos con el Estado ecuatoriano vigente hasta 2028 por fallidos antecedentes con Celec, la participación de Walther Manrique en el caso Progen se canalizó a través del cargo de coordinador logístico y enlace de la proveedora extranjera Progen Industries LLC.
El sospechoso gestionó la agenda de autoridades ecuatorianas, coordinó viajes a Estados Unidos y asumió el manejo operativo de las obras civiles para las centrales Quevedo y Salitral mediante su constructora Astrobryxa S.A., empresa donde posee el 60% de las acciones y donde operó en conjunto con su cónyuge, la también procesada Karla Saud Calero.
Los testimonios de la comisión técnica de Celec que constan en el expediente detallaron las maniobras ejecutadas para impedir la fiscalización de los equipos. En septiembre de 2024, durante una inspección en bodegas de Houston, Texas, el investigado se presentó ante la delegación técnica bajo el alias falso de «Walter Suárez» aduciendo ser vocero formal de la proveedora.
Según las versiones judiciales incorporadas al proceso de Walther Manrique en el caso Progen, el sospechoso impidió físicamente que los técnicos levantaran los plásticos protectores y tomaran fotografías a las máquinas, evitando que se documentara a tiempo que las unidades termoeléctricas fueron fabricadas en 2009 y correspondían a equipos reciclados y reacondicionados comprados a firmas en Texas, pese a que se vendieron al país como tecnología nueva.
La Contraloría General del Estado y las investigaciones fiscales evidenciaron que Progen carecía de trayectoria comprobable en soluciones térmicas terrestres, recurriendo a certificaciones emitidas por firmas domiciliadas en paraísos fiscales como Megawatt Power Holdings en Malta o documentos forjados como el de la compañía Lakeland Electric.
Los informes revelaron que al menos 21 generadores correspondían a unidades viejas compradas a la recicladora estadounidense Apollo Electric a un precio que Progen cobró luego hasta ocho veces más caro a Ecuador, con inconsistencias en números de serie, modelos descontinuados de dos tiempos no aptos para el combustible requerido y placas con doble escritura que ocultaban su antigüedad real.
El rastreo financiero del expediente demostró que la empresa Astrobryxa captó de manera indirecta 12,2 millones de dólares de fondos públicos generados por los desembolsos de Celec, sin ostentar adjudicación directa del Estado.
De acuerdo con las indagaciones patrimoniales sobre Walther Manrique en el caso Progen, el dinero transferido por la estatal nunca permaneció más de una semana en las cuentas de la proveedora, distribuyéndose hacia empresas intermediarias y personas naturales.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) reportó movimientos inusuales por 2,1 millones de dólares en las cuentas bancarias personales del sospechoso, fondos provenientes en un 97,3% de giros del exterior que no guardaban concordancia con sus declaraciones tributarias.
El seguimiento a la ruta del dinero derivó en requerimientos fiscales a proyectos urbanísticos de alta plusvalía en Guayaquil. Las pesquisas judiciales determinaron la existencia de dos promesas de compraventa de inmuebles por 187 800 dólares que estuvieron suscritas a nombre de un hermano del sospechoso y que posteriormente fueron cedidas a título gratuito a Gestores Inmobiliarios Lightblue S.A., firma administrada por Manrique y Saud.
Asimismo, la pareja constituyó el Fideicomiso J&C en Samborondón, mientras que en Florida se identificó que la filial Astrobryxa LLC fue constituida exclusivamente para recepcionar pagos del negocio energético.
El dictamen de prisión preventiva emitido a finales de agosto de 2026 sumó inicialmente a 31 procesados por presunto peculado en esta causa, denominada también caso Apagón, lista que quedó reducida a 30 personas tras la salida del proceso del exministro de Energía Antonio Gonçalves, como se informó en este Medio, en una nota periodística publicada el pasado 28 de septiembre de 2026.
Los señalamientos contra Walther Manrique traspasaron las fronteras nacionales, ya que Celec amplió una demanda civil federal en Florida amparada en la Ley RICO por fraude y conspiración en contra de Progen, Astrobryxa y firmas relacionadas, reclamando la recuperación de los recursos públicos malversados mientras la defensa de los operadores tramitaba pedidos de asilo en España aduciendo persecución política.
❓ ¿Cómo habría ocultado Walter Manrique los motores usados en el caso Progen?
Utilizando el alias de «Walter Suárez» y bloqueando físicamente las revisiones de los técnicos de Celec.
En septiembre de 2024 impidió que la delegación ecuatoriana retirara las envolturas plásticas en bodegas de Houston, evitando documentar que los equipos eran de 2009 y procedían de firmas de reciclaje en Texas.
❓ ¿Cuántas personas permanecen procesadas en la causa penal de Progen?
30 personas procesadas.
La instrucción fiscal reunió a 31 personas tras las vinculaciones de agosto de 2026, pero la nómina quedó fijada en 30 tras la salida de la causa del exministro Antonio Gonçalves.
❓ ¿Qué monto de fondos públicos captó la empresa de Manrique en este contrato?
Alrededor de USD 12,2 millones transferidos desde Progen.
Astrobryxa S.A., firma donde el investigado posee el 60 % de acciones, asumió la subcontratación de obras civiles en las plantas Quevedo y Salitral sin tener contrato firmado directamente con el Estado.
❓ ¿Cuál es el presunto perjuicio económico investigado por la Fiscalía?
USD 104,3 millones de dólares.
La cifra corresponde al 70 % pagado como anticipo por Celec dentro de dos contratos que sumaban USD 149,1 millones para generadores de emergencia que no funcionaron.
❓ ¿Por qué Walter Manrique no podía contratar formalmente con el Estado?
Porque registra una inhabilitación como contratista incumplido vigente hasta 2028.
La sanción administrativa se derivó de la rescisión unilateral de un contrato previo con Celec para instalar equipos GPS en Coca Codo Sinclair por incumplimiento total.
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