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El escenario penal derivado de las contrataciones térmicas de emergencia registró un giro procesal tras el pronunciamiento emitido por la Fiscalía General del Estado. El exministro de Energía y Minas, Octaviano Antonio Gonçalves Savinovich, no continuará procesado por el presunto delito de peculado en el denominado caso Progen, luego de determinarse que no existen elementos probatorios que acrediten un nexo de causalidad entre el ejercicio de sus funciones ministeriales y el daño patrimonial originado por la suscripción de acuerdos energéticos.
El fiscal general subrogante, Carlos Leonardo Alarcón Duque, formalizó un dictamen abstentivo a favor de Gonçalves, argumentando que durante el ejercicio de su cargo —entre el 3 de julio y el 9 de octubre de 2024— el exfuncionario desempeñó atribuciones limitadas a la rectoría política y planificación sectorial.
De acuerdo con el informe fiscal, no se demostró que el exministro haya dispuesto de manera arbitraria de los recursos estatales, abusado de su autoridad o incurrido en una omisión deliberada, por lo que su conducta no se adecúa a los presupuestos de peculado tipificados en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal.
Los informes técnicos procesales descartaron cualquier injerencia directa del exministro en los desembolsos a favor de Progen Industries LLC. Las certificaciones financieras del Banco Central del Ecuador y del área de tesorería de la Unidad de Negocio Termopichincha demostraron que Gonçalves no figuraba como usuario habilitado ni mantenía firmas autorizadas para tramitar pagos o autorizar transferencias bancarias internacionales.
Asimismo, las indagaciones ratificaron la autonomía administrativa, financiera y presupuestaria que la legislación otorga a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), situando la responsabilidad directa de la contratación en sus propios administradores, gerentes y equipos técnicos.
Al desvincularse a la única persona que gozaba de fuero de Corte Nacional de Justicia, la causa penal pierde dicha condición especial de juzgamiento reservada para ministros de Estado. Ante este cambio procesal, el Ministerio Público se inhibió de continuar conociendo el trámite y solicitó la remisión inmediata del expediente judicial para que sea asignado mediante sorteo legal a un juez ordinario de primera instancia, quien se encargará de sustanciar las etapas venideras respecto a las responsabilidades individuales dentro del caso Progen.
La causa investiga la adjudicación de dos contratos de generación termoeléctrica terrestre de emergencia firmados en el contexto de la crisis de 2024 por un monto global de 149,1 millones de dólares, divididos en 99,4 millones de dólares para la central de Salitral y 49,7 millones de dólares para Quevedo.
Los informes periciales establecen un posible perjuicio al patrimonio público que superaría los 100 millones de dólares, atribuido a la entrega de anticipos económicos que rondaron el 70% sin garantías suficientes, sobre generadores que presentaron incompatibilidades técnicas y no produjeron la energía planificada.
Con la abstención a favor del exministro, el número de personas imputadas en el caso Progen descendió de 31 a 30 ciudadanos, sobre quienes la Procuraduría General del Estado ratificó sendas acusaciones particulares.
Entre los indagados figuran exdirectivos de Celec y Termopichincha, así como apoderados locales de la contratista privada. De ellos, 10 procesados se mantienen con orden de prisión preventiva ratificada por el juez nacional Rodrigo Sarango, en tanto concluye la prórroga de 30 días de la instrucción fiscal.
❓ ¿Por qué la Fiscalía emitió dictamen abstentivo a favor de Gonçalves en el caso Progen?
Por falta de nexo causal y verificar que no poseía firmas ni manejo financiero en los contratos.
Certificaciones del Banco Central y de Celec confirmaron que sus funciones se limitaban a la rectoría política y no participó en autorizaciones de pagos ni transferencias internacionales a la contratista.
❓ ¿Por qué el expediente del caso Progen pasará a la justicia ordinaria?
Porque el proceso perdió el fuero especial de la Corte Nacional de Justicia.
Antonio Gonçalves era la única autoridad procesada que gozaba de fuero de Corte; al desvincularse del caso, el juicio contra los demás involucrados debe ser sorteado entre jueces comunes.
❓ ¿Cuántos procesados continúan dentro de la causa tras la salida del exministro?
Continúan 30 personas procesadas por presunto peculado.
La cifra total de procesados disminuyó de 31 a 30 ciudadanos, respecto a los cuales la Procuraduría General del Estado mantiene acusación particular vigente.
❓ ¿Cuál es el monto total de los contratos de emergencia suscritos con Progen?
USD 149,1 millones para las centrales térmicas de Salitral y Quevedo.
La contratación comprendía USD 99,4 millones para Salitral y USD 49,7 millones para Quevedo, con un perjuicio económico estimado superior a los USD 100 millones.
❓ ¿Qué medidas cautelares rigen sobre los demás involucrados en la investigación?
Diez de los procesados permanecen bajo prisión preventiva.
La medida privativa de la libertad fue confirmada por el juez Rodrigo Sarango el 25 de septiembre de 2026, mientras transcurre la ampliación de 30 días de la instrucción fiscal.
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