Todo lo que se sabe del caso Progen, los contratos y los 21 procesados
Fiscalía formula cargos a 21 personas por los contratos de emergencia entre Celec y Progen para enfrentar la crisis eléctrica.
La Fiscalía abrió una investigación por supuesto peculado contra 21 personas por los contratos de emergencia suscritos entre Celec y Progen Industries LLC para instalar grupos electrógenos en las centrales Salitral y Quevedo. La causa, denominada caso Apagón, se presentó este 14 de mayo de 2026 en la Corte Nacional de Justicia, durante la audiencia de formulación de cargos.
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La acusación de la Fiscalía General del Estado en el caso de Progen
El fiscal subrogante, Leonardo Alarcón, sostuvo que una aparente red de corrupción causó un perjuicio económico de 104,4 millones de dólares al Estado.
Según su teoría, servidores públicos omitieron y evadieron procedimientos de contratación pública en las fases precontractual, contractual y de ejecución para favorecer a la empresa extranjera.
Los contratos investigados se firmaron en medio de la crisis energética que provocó cortes de luz de hasta 14 horas en el país. Esos acuerdos tenían como objetivo instalar equipos de generación eléctrica, pero los motores y generadores entregados por Progen no entraron en operación.
Exautoridades, funcionarios y representantes privados están en el proceso
Entre los procesados consta Antonio Goncalves, exministro de Energía del Gobierno de Daniel Noboa. La Fiscalía incluyó su nombre por la falta de acciones inmediatas de control, supervisión, veeduría o ejecución de garantías contractuales desde el Ministerio de Energía, según la exposición de Alarcón.
Fabián Calero, exgerente subrogante de Celec, también aparece en la lista de investigados. La Fiscalía lo relaciona con la declaratoria de emergencia y con la delegación de responsabilidades contractuales dentro del proceso que permitió la contratación de Progen.
Byron Orozco, exgerente encargado de Termopichincha, forma parte de los 21 procesados. Alarcón lo ubicó dentro de la fase en la que se materializaron y suscribieron los contratos investigados.
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En la contraparte privada está Andrew S., representante estadounidense de Progen Industries LLC. También consta Karla S., familiar directa de Fabián Calero, señalada por gestionar el proceso con documentación forjada y firmas digitales falsas entregadas a la corporación estatal.
Los contratos de emergencia que están bajo investigación
La investigación se centra en tres contratos suscritos con Progen. El 2 de agosto de 2024 se firmó el contrato de emergencia para Salitral, por 99,4 millones de dólares, destinado a la adquisición de 29 grupos electrógenos.
Ese mismo día también se suscribió el contrato de emergencia para Quevedo, por 49,7 millones de dólares, para comprar 20 grupos electrógenos. Después, el 11 de enero de 2025, se firmó un contrato complementario para Quevedo.
Alarcón sostuvo que la adjudicación se apoyó en informes de comisiones técnicas y de calificación que recomendaron a Progen bajo el argumento de que cumplía los requisitos técnicos, económicos y jurídicos.
Sin embargo, el fiscal afirmó que la oferta adjudicada tenía inconsistencias, porque la empresa no demostró ser fabricante original de los motores ni contar con autorización del fabricante genuino.
Fiscalía señala omisiones en el proceso de contratación
Según la teoría fiscal, las especificaciones técnicas elaboradas y aprobadas por funcionarios procesados no incluyeron criterios diferenciados para evaluar la capacidad legal, económica y técnica de la empresa.
Alarcón también indicó que no se definieron mecanismos para verificar la autenticidad de los documentos de experiencia de la contratista. A eso sumó que el estudio de mercado comparó ofertas que no cumplían las mismas especificaciones ni presentaban características homogéneas.
Pese a esas observaciones, la recomendación fue invitar a Progen a presentar una oferta formal porque tenía menos observaciones. Para Fiscalía, ese procedimiento expuso una falta de metodología formal en el análisis técnico y económico exigido por la ley.
Equipos usados, repintados y sin operación
La Fiscalía afirmó que los motores y generadores entregados por Progen incumplieron las condiciones del contrato. Según Alarcón, los equipos resultaron usados, repintados, obsoletos y técnicamente incompatibles.
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Los equipos debían operar desde noviembre de 2024 y fueron ofertados como maquinaria nueva, sin uso y con año de fabricación igual o superior a 2023. Sin embargo, informes citados en la audiencia señalaron que algunos motores tenían placas con años de fabricación de 2009 o no registraban fecha.
El fiscal también expuso que varios equipos tenían placas con doble estampado, números de serie difíciles de verificar y modelos distintos a los ofertados al Estado. Otro informe técnico determinó que algunos motores pertenecían a modelos que dejaron de fabricarse en 2009 y 2019.
Anticipos por más de 104 millones de dólares
La Fiscalía señaló que el Estado transfirió anticipos a favor de Progen sin una verificación técnica adecuada de los equipos y sin garantías suficientes.
Alarcón detalló que se hicieron pagos por 34,8 millones de dólares correspondientes al contrato de Quevedo y 69,6 millones de dólares por el contrato de Salitral. Esos desembolsos generaron, según la Fiscalía, un perjuicio económico total de 104,4 millones de dólares para el Estado ecuatoriano.
Un informe del Banco Central del Ecuador certificó seis giros al exterior a favor de Progen Industries LLC. Entre ellos consta una transferencia por 69,5 millones de dólares realizada el 1 de octubre de 2024 hacia una cuenta del Regions Bank.
- Información extra: Fiscalía General del Estado
