
En el caso Apagón, el juez dictó este jueves 27 de agosto de 2026 prisión preventiva a los 10 nuevos vinculados por irregularidades en los contratos con la empresa Progen. La Fiscalía procesa a un total de 31 personas por el supuesto delito de peculado.
La Fiscalía General del Estado investiga los contratos suscritos para la adquisición de equipos destinados a las centrales eléctricas Salitral y Quevedo, durante la crisis energética que enfrentó Ecuador en 2024.
Los contratos fueron adjudicados a PROGEN Industries LLC. El monto que está bajo investigación corresponde a 104,37 millones de dólares, equivalente al 70% del valor contractual de ambos acuerdos.
La investigación fiscal se concentra en varios aspectos relacionados con los procesos de contratación y la ejecución de los contratos. Entre ellos están:
Estos elementos forman parte de las diligencias relacionadas con el denominado caso Apagón, en el que Fiscalía indaga un presunto delito de peculado.
Los contratos investigados corresponden a la adquisición de generadores para las centrales eléctricas Salitral y Quevedo. Según la información de Fiscalía, el contrato para Salitral ascendió a 99,4 millones de dólares, mientras que el de Quevedo alcanzó 49,7 millones de dólares.
El 70% de esos valores fue entregado como anticipo. En total, este desembolso alcanzó 104,37 millones de dólares, monto que Fiscalía considera como el presunto perjuicio para el Estado.
La investigación también contempla posibles incumplimientos relacionados con las características y condiciones de los equipos adquiridos, así como los retrasos registrados durante la ejecución contractual.
El caso se encuentra en investigación y las autoridades deberán determinar las responsabilidades que correspondan a partir de los elementos de convicción recabados.
Durante la audiencia de vinculación, Fiscalía expuso que los sospechosos habrían evadido y omitido procedimientos legales en las fases precontractual, contractual y de ejecución con el fin de favorecer a la empresa Progen Industries LLC, contratista que, según la investigación, no cumplía con las especificaciones técnicas requeridas ni con las condiciones necesarias para ejecutar los proyectos.
Los vinculados son: