
La Fiscalía investiga por presunto peculado a 21 personas debido a los contratos de emergencia firmados entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Progen Industries LLC. Estos contratos tenían como objetivo instalar grupos electrógenos en las centrales Salitral y Quevedo. El caso Apagón llegó el 14 de mayo de 2026 a la Corte Nacional de Justicia durante la audiencia de formulación de cargos.
El fiscal subrogante, Leonardo Alarcón, expuso la teoría del caso y mencionó que una presunta red de corrupción habría causado un perjuicio económico de 104,4 millones de dólares al Estado.
Según la Fiscalía, varios servidores públicos omitieron procedimientos de contratación pública durante las fases precontractual, contractual y de ejecución, favoreciendo a la empresa extranjera que recibió los contratos.
Los acuerdos se firmaron en medio de una crisis energética que provocó cortes de luz de hasta 14 horas en Ecuador. Aunque los contratos buscaban instalar equipos de generación eléctrica, los motores y generadores entregados por Progen no entraron en operación.
#CasoApagón | #FiscalíaEc procesa a 21 personas por presuntas irregularidades en contratos para proyectos de generación eléctrica en Salitral y Quevedo.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 22, 2026
La investigación determina que se habría perjudicado al Estado en 104,3 millones de dólares.
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La investigación se centra en tres contratos suscritos con Progen. El primero se firmó el 2 de agosto de 2024 para la central Salitral, por 99,4 millones de dólares, destinado a adquirir 29 grupos electrógenos.
Ese mismo día se suscribió otro contrato para Quevedo, por 49,7 millones de dólares, para la compra de 20 grupos electrógenos. Posteriormente, el 11 de enero de 2025, se firmó un contrato complementario para Quevedo.
Alarcón sostuvo que la adjudicación se respaldó en informes técnicos que recomendaron contratar a Progen bajo el argumento de que cumplía con los requisitos necesarios. Sin embargo, el fiscal señaló inconsistencias en la oferta adjudicada.
La empresa no demostró ser fabricante original ni contar con autorización del fabricante genuino.
La teoría fiscal sostiene que las especificaciones técnicas elaboradas por funcionarios procesados no incluyeron criterios diferenciados para evaluar la capacidad legal y técnica de Progen.
Además, el proceso no definió mecanismos para verificar la autenticidad de los documentos presentados por la contratista.
#AHORA | #CasoApagón: se reinstala la audiencia de formulación de cargos contra 21 personas investigadas por #FiscalíaEc, por el presunto delito de #Peculado. Juez informará las medidas cautelares, con base en la solicitud efectuada por el fiscal general del Estado (e), Leonardo… pic.twitter.com/wSHaS7OWjl
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La Fiscalía afirmó que los motores y generadores entregados por Progen incumplieron las condiciones previstas en los contratos.
Según Alarcón, los equipos eran usados y obsoletos. Los anticipos transferidos al Estado superaron los 104 millones de dólares, incluyendo pagos por 34,8 millones correspondientes al contrato de Quevedo y 69,6 millones por el contrato de Salitral.
El juez nacional Marco Rodríguez dictó prisión preventiva contra Antonio Goncalves, exministro de Energía, y Fabián Calero, exgerente de Celec, dentro del caso Apagón o caso Progen. La decisión se conoció el 22 de mayo de 2026, durante la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos solicitada por la Fiscalía.
La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en contratos firmados entre Celec y Progen Industries LLC para adquirir generadores eléctricos de emergencia durante la crisis energética.
Según el juez, existían elementos suficientes para presumir la participación de Goncalves y Calero, así como riesgos procesales relacionados con peligro de fuga y posible obstaculización de la investigación.