
La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) rechazó, por unanimidad, los recursos de apelación presentados por 12 procesados dentro del caso Apagón. Los jueces resolvieron mantener la prisión preventiva que pesa sobre ellos desde el 22 de mayo de 2026, cuando la Fiscalía formuló cargos, por los contratos con Progen.
La decisión fue adoptada tras aceptar el pedido del fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón.
Durante la audiencia de apelación, Fiscalía argumentó que la medida cautelar es necesaria para garantizar la comparecencia de los procesados y evitar riesgos que puedan afectar el desarrollo de la investigación.
El fiscal también pidió al Tribunal considerar que varios de los procesados se encuentran prófugos.
Entre los procesados contra los que se ratificó la medida están el exministro de Energía, Antonio Goncalves.
Además, sostuvo que los elementos de convicción presentados durante la formulación de cargos permiten establecer, de manera presunta, la existencia del delito de peculado y la participación de los procesados.
Los jueces nacionales determinaron que el pedido de prisión preventiva cumple con los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Inicialmente, 14 personas habían apelado la prisión preventiva. Sin embargo, una de ellas desistió del recurso y la Sala declaró procedente ese desistimiento.
En el caso de otro procesado, los jueces aceptaron revocar la prisión preventiva. Fiscalía, en aplicación del principio de objetividad y por lealtad procesal, no se opuso a que esta persona cumpla medidas cautelares sustitutivas.
Se trata de Celso S., quien deberá presentarse todos los lunes ante la Fiscalía General del Estado. Además, la Corte Nacional dispuso la prohibición de salida del país y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.
La Fiscalía General del Estado investiga un presunto delito de peculado relacionado con la suscripción y ejecución de contratos emergentes para adquirir generadores destinados a las centrales eléctricas Salitral y Quevedo, durante la crisis energética que atravesó Ecuador en 2024.
Según la teoría fiscal, en los procesos de contratación se habrían omitido o evadido procedimientos para favorecer a la empresa Progen Industries LLC. Fiscalía sostiene que las ofertas de esta compañía no habrían cumplido determinadas especificaciones técnicas, económicas y jurídicas.
Los contratos suscritos ascendieron a 99,4 millones de dólares para Salitral y 49,7 millones de dólares para Quevedo.
La Fiscalía también sostiene que se habría entregado un anticipo equivalente al 70% del valor contractual, que alcanzó 104,37 millones de dólares. De acuerdo con la investigación, los generadores entregados no habrían cumplido las condiciones establecidas en los contratos y tampoco habrían entrado en funcionamiento.
El delito de peculado está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La investigación y el proceso judicial determinarán las responsabilidades que correspondan conforme avance la causa.