
La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) acudió a la Fiscalía General del Estado para solicitar la investigación y vinculación de los exministros de Energía, Roberto Luque Nuques e Inés Manzano Díaz, en el caso Progen-Apagón. El organismo presentó su pedido ante el fiscal encargado, Carlos Alarcón, al considerar que las autoridades ministeriales también deben responder por las decisiones relacionadas con los contratos para instalar generación termoeléctrica en Salitral y Quevedo.
El proceso penal investiga contratos emergentes suscritos durante la crisis eléctrica de 2024 con Progen Industries. La Fiscalía ya formuló cargos contra 21 personas por presunto peculado. La investigación se centra en contrataciones que involucraron pagos superiores a 100 millones de dólares.
Los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción señalaron que la investigación no debe concentrarse únicamente en los funcionarios y contratistas que participaron directamente en los procedimientos de contratación. Según la organización, el proceso también debe incluir a las autoridades que estuvieron al frente del sector energético y que pudieron conocer, coordinar o autorizar decisiones vinculadas con los contratos y los pagos.
El presidente de la CNA, Germán Rodas, cuestionó que Roberto Luque se haya acogido al derecho al silencio al rendir su versión dentro del caso. Rodas sostuvo que esta garantía corresponde a personas investigadas o procesadas, no a quienes comparecen como testigos.
La CNA criticó que Luque haya utilizado esta figura mientras la Fiscalía no lo considera procesado en la causa. Para el organismo, el exministro, por su condición de funcionario público, debía entregar información, permitir el acceso a documentos públicos y explicar sus actuaciones relacionadas con el proceso.
La Comisión Nacional Anticorrupción también pidió que la Fiscalía revise la actuación de Inés Manzano en el caso. El organismo señaló que la exministra tuvo participación porque autorizó cinco pagos a favor de quienes vendieron equipos considerados parte del contrato con Progen.
La CNA insistió en que la Fiscalía debe actuar sin proteger a ninguna persona involucrada en este caso. Según el colectivo, la investigación debe avanzar para evitar impunidad, establecer responsabilidades y buscar el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a los ecuatorianos.
El organismo presentó este pedido mientras la Fiscalía continúa con el proceso por presunto peculado relacionado con los contratos de generación termoeléctrica. La causa analiza las decisiones tomadas durante la emergencia eléctrica de 2024 y los pagos realizados en ese contexto.