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El 25 de septiembre de 2026, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Rodrigo Sarango, ratificó la prisión preventiva de 10 procesados en el caso Progen. La decisión se conoció durante la reinstalación de la audiencia en la que se revisaron las medidas cautelares de este grupo.
La causa investiga supuestopeculado en los contratos de generación eléctrica para Salitral y Quevedo, suscritos durante la crisis energética de 2024. Con las últimas vinculaciones, el proceso reúne a 31 personas.
Los dos contratos adjudicados a Progen Industries LLC sumaron 149,1 millones de dólares. El proyecto de Salitral fue contratado por 99,4 millones y el de Quevedo por 49,7 millones. Ambos contemplaban la adquisición de generadores, obras civiles y la puesta en marcha de las centrales.
Según la Fiscalía, se entregó a la empresa un anticipo de 104,37 millones de dólares, equivalente al 70% del valor contratado.
#AHORA | #CasoApagón: se reinstala la audiencia de revisión de medidas cautelares, solicitada por 11 procesados. El Juez de la @CorteNacional informará su decisión. El fiscal general del Estado (e), #LeonardoAlarcón, participa en la diligencia. pic.twitter.com/YskwAjO9rO
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 25, 2026
La entidad sostiene que los generadores recibidos no eran nuevos ni técnicamente compatibles y que nunca entraron en funcionamiento. Ese desembolso constituye el supuesto perjuicio al Estado que se examina en el proceso.
La Fiscalía formuló cargos contra 21 personas en mayo de 2026 y posteriormente vinculó a otras 10. Entre los primeros procesados están Antonio Gonçalves, exministro de Energía, y Fabián Calero, exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). La prisión preventiva de Gonçalves ya había sido ratificada en una audiencia anterior.
La tesis de la Fiscalía apunta a presuntas irregularidades desde la selección de la contratista hasta la ejecución de los proyectos. Según la entidad, se habrían omitido procedimientos y requisitos técnicos para favorecer a Progen y permitir el pago de recursos públicos.
La decisión anunciada este viernes mantiene la medida cautelar de los 10 procesados que solicitaron su revisión; la responsabilidad penal aún debe resolverse dentro del proceso.