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El abogado Diego Guarderas presentó por escrito, este lunes 26 de octubre de 2026, una apelación contra la prisión preventiva que un juez dictó el viernes contra Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador. La Fiscalía investiga a la política opositora por un presunto delito de lavado de dinero relacionado con el manejo de los fondos de su campaña electoral de 2023. El Ministerio Público denominó a esta investigación caso Laberinto.
Con el recurso, la defensa busca que González afronte el proceso en libertad mientras avanzan las investigaciones. La excandidata, una de las principales opositoras del Gobierno del presidente Daniel Noboa, permanece desde el viernes en una cárcel de Riobamba, en la región andina. Guarderas sostiene que la justicia puede aplicar otras medidas cautelares para garantizar su presencia durante el proceso, sin necesidad de mantenerla en prisión.
Guarderas aseguró a EFE que el tribunal encargado de resolver la apelación podría prohibir a González salir del país o disponer otra medida distinta a la prisión preventiva. El abogado afirmó que su defendida no representa un riesgo para el proceso y que colaborará con las autoridades.
Según el defensor, la excandidata tiene suficientes vínculos laborales, sociales y familiares en Ecuador para garantizar que permanecerá en el país. También señaló que González quiere que la investigación se esclarezca y recordó que, en anteriores procesos en los que la han investigado, ella ha comparecido ante las autoridades.
El abogado añadió que la prisión preventiva afecta los derechos del hijo adolescente de González y de su padre, quien padece una enfermedad renal catastrófica.
Guarderas visitó a la excandidata en la cárcel ayer, lunes. Tras el encuentro, aseguró que ella se mantiene firme porque conoce su inocencia. Además, pidió que las autoridades penitenciarias respeten su dignidad y le permitan acceder a una dieta que necesita por motivos de salud, así como a sus medicamentos.
El defensor también cuestionó los fundamentos de la acusación fiscal. Afirmó que no existe ningún elemento que vincule a González con la presunta trama descrita por la Fiscalía. Según explicó, el Ministerio Público sostiene que la política debía conocer el origen de los aportes porque era la candidata y se beneficiaba de esos recursos. Sin embargo, Guarderas indicó que el expediente no contiene pruebas de que ella conociera esos aportes ni de que procedieran de actividades ilícitas.
La Fiscalía detuvo a González durante la madrugada del jueves como parte de las investigaciones sobre la financiación y el manejo de los recursos de su primera campaña presidencial, en 2023. Las indagaciones comenzaron con el caso Caja Chica y continuaron con el proceso denominado Laberinto.
La excandidata perdió las dos últimas elecciones presidenciales de Ecuador, celebradas en 2023 y 2025, frente a Daniel Noboa.
El caso Caja Chica también derivó en la suspensión de la Revolución Ciudadana (RC), partido del expresidente Rafael Correa, a petición de la Fiscalía. La medida impidió que la organización participara en las elecciones locales convocadas para el 29 de noviembre. En esos comicios, el correísmo aspiraba a conservar, bajo su marca política, las prefecturas y alcaldías de las principales ciudades del país, entre ellas Quito y Guayaquil.
Desde inicios de año, la Fiscalía busca pruebas para determinar si el correísmo financió presuntamente la campaña presidencial de 2023 con dinero que llegó en efectivo desde Venezuela.
En el caso Laberinto, las autoridades también investigan si la campaña recibió recursos de una empresa vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien permanece encarcelado. Alvarez recibió una condena en primera instancia por la presunta comercialización ilícita de combustibles en estaciones de servicio que posee junto con su familia.
Frente a estas investigaciones, Guarderas insiste en que la Fiscalía no ha presentado elementos que demuestren que González conocía el supuesto origen ilícito de los fondos de campaña. La apelación busca que un tribunal revise la prisión preventiva y determine si la excandidata puede continuar el proceso bajo otras medidas cautelares.
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