La falta de veredas y de pasos cebra aumenta el riesgo en San Antonio de Pichincha
Sonia Apolo, de 30 años, vive en el barrio 29 de mayo y empuja el coche de su bebé a diario por este tramo. Solo el 30% de la vía tiene veredas y están en mal estado. Foto: Evelyn Jácome / EL COMERCIO
El 70% de la vía no tiene veredas. A lo largo de los siete kilómetros que unen la Mitad del Mundo con Caspigasí, en San Antonio de Pichincha, extremo norte de Quito, no hay un solo paso elevado ni cebra.
La gente debe caminar compartiendo el pavimento con los cerca de 6 000 autos al día que circulan por ese tramo, de los cuales unos 700 son volquetas que salen de las canteras de la zona, cargadas con material pétreo.
Carmelita Toapanta vive en el barrio Alcantarillas desde el 2016. A sus 39 años tiene cinco hijos y tres de ellos, los mayores, estudian en la Unidad Alexander Von Humboldt, ubicada a seis cuadras de la vía. Ahí asisten unos 3 000 alumnos, la gran mayoría de la parroquia, aunque también de Pomasqui y Calacalí.
Todos los días, sus hijos deben caminar hasta el plantel educativo, lo que les toma más de 15 minutos. La distancia no es mucha, el problema es el riesgo.
Las primeras semanas, dice, los acompañaba. Pero salir por esa vía estrecha empujando el coche de su último hijo de cuatro meses, era complicado. Ahora, cuando puede, va a retirarlos. Le da miedo porque es una vía rápida, por la que transitan vehículos pesados y es común escuchar frenazos o choques.
María Sotomayor tiene una tienda a un kilómetro del redondel y da fe de que es frecuente que pisen perros. En los últimos tres años se han dado dos atropellos a personas. En los feriados la situación se agrava por la cantidad de autos que salen de la ciudad rumbo a la playa.
Y María lo resume: “Toca pegar la carrera y rogar que el chofer frene, porque verá que por aquí pasan un montón tráileres”.
A lo largo de esta vía hay cuatro barrios formales: Alcantarillas, Mandingo, Caspigasí y La Marca, en donde habitan unas 4 000 personas. La mayoría tiene viviendas humildes.
Varios proyectos inmobiliarios han llegado al sector los últimos años. Es una de las zonas de mayor crecimiento poblacional, pero además, se han hecho presentes barrios ilegales como Santa Teresita, San Martín y San Carlos. Solo en los tres viven cerca de 1 000 habitantes.
Todos -tanto los barrios formales como los asentamientos- tienen algo en común: se han acostumbrado a vivir junto a una vía sin facilidades para las personas de a pie, a pesar de que se encuentran a metros del sector turístico más visitado de Quito: el monumento de la Mitad del Mundo.
El problema
En el redondel, frente a la Unasur, nace la vía Calacalí-La Independencia. Son 157 kilómetros que unen Quito con el noroccidente y la Costa. Los siete primeros son los que generan conflicto para los moradores, de allí en adelante, la carretera atraviesa montañas y uno que otro caserío.
Edwin Herrera, director de vialidad de la Prefectura de Pichincha, explica que parte del problema se debe a que es una vía estatal. A diferencia de las arterias urbanas, las estatales no tienen veredas, sino cunetas. Se debe recordar- añade- que la vía llegó antes, cuando no había viviendas residenciales, pero poco a poco, los barrios la bordearon.
Tomando en cuenta que actualmente ya es una zona poblada y que la gente necesita espacios seguros para caminar, ¿se pueden construir veredas?
Sí. Responde Herrera, pero añade otro problema: no hay suficiente espacio entre la vía y los cerramientos de algunas casas.
La calle tiene un carril de ida y otro de regreso y mide poco más de siete metros de ancho.
La normativa establece que en el caso de las vías estatales, las construcciones deben tener un retiro de al menos 25 metros contando desde el eje de la vía hacia los costados. Eso no se cumple.
Hay casas que construyeron locales comerciales o cerramientos a no más de seis metros contados a partir de la línea amarilla del centro de la carretera.
El retiro debería ser tan amplio justamente previendo futuras ampliaciones, construcción de áreas de seguridad y servicios adicionales de la carretera.
Otro de los puntos en los que incide el tipo de vía es en la velocidad de los carros. Al momento es de 90 km/h, pero al ser zona poblada debería ser de 50.
Herrera aseguró que en la próxima intervención se reforzará la señalización. Si la gente desea un paso peatonal, debe hacer un pedido a la Prefectura para realizar los estudios necesarios. Insiste en que el estado de la carpeta asfáltica no es malo, pese al paso de tráileres que pesan 10 o 15 veces más que un auto.
Un obstáculo
Mario Cevallos, presidente del GAD Parroquial, sostiene que el irrespeto a los retiros por parte de los dueños de casa dificulta la realización de obras.
Explica que si el Gobierno Parroquial quisiera construir veredas o pasos peatonales con los presupuestos participativos que entrega el Municipio, tendría que solicitar el trazado vial, y como la gente no ha respetado la línea de fábrica, no podrían hacerlo. Para ejecutar esa obra -asegura- tendría que derrumbar al menos unas 200 casas.
Obras
Hasta el 2012, el mantenimiento de la vía estuvo en manos de Prefectura de Pichincha, luego pasó a cargo del Ministerio de Obras Públicas y desde el 2018 regresó nuevamente al gobierno provincial.
Las vías estatales tienen cunetas para evacuar las aguas lluvia. Al momento, una cuadrilla se encuentra adecuando las cunetas en los primeros metros de la vía para mejorar su funcionamiento.
En esta vía, hasta Santo Domingo, se invierten USD 1,2 millones al año en mantenimiento.
