Un grupo de transportistas de buses realizó un plantón la mañana de este viernes 2 de julio del 2021 en la intersección de las calles Ignacio de Veintimilla y Juan León Mera, en donde funcionan los juzgados de la Niñez y Adolescencia. Seguían de cerca la audiencia que se realizaba allí tras presentar una acción de protección y solicitar que se anule el concurso de rutas y frecuencias que realiza la Secretaría de Movilidad.
Con pancartas y megáfonos, los dirigentes señalaron que se ha vulnerado su derecho al trabajo. “No a la carnicería que nos ha metido el Municipio. Si hay el concurso, queremos que este sea transparente y que todos participemos con unas bases que sean accesibles a nuestro bolsillo”, manifestó Carlos Mosquera de la compañía Urbaquito.
Los manifestantes dijeron que no se oponen a los cambios, pero estos deben darse de forma ordenada, con base en las observaciones que hizo Quito Honesto en su último informe.
El pasado 21 de junio se dio a conocer el reporte de Quito Honesto. Una de sus conclusiones es que la Secretaría de Movilidad no ha acogido varias recomendaciones para el lanzamiento del concurso de rutas y frecuencias. Después de su análisis en el que por ejemplo se evidencian inconsistencias en los términos de referencia y los pliegos del proceso, recomienda que el concurso se declare desierto.
Ante eso, en la Secretaría de Movilidad se indicó que se analizarán los cuestionamientos de Quito Honesto en una mesa de trabajo. Después se tomará una decisión sobre sí son subsanables los reparos o se declarará desierto el concurso.
Durante la manifestación, los transportistas se quejaron de que su situación económica es precaria por la pandemia. Algunos tienen deudas que alcanzan los USD 100 000 y no tienen ingresos para pagarlas. “No se han levantado las bases de los transportistas, solamente venimos los directivos y representantes de 42 operadoras”, manifestó Mosquera.
Luis Calvopiña es dirigente de la Cámara de Transporte de Quito. Aseguró que los contratos de operación con los que trabajan están vigentes hasta el año 2027. Rechazó las declaraciones del secretario de Movilidad, Guillermo Abad, quien señaló que los dirigentes de las compañías se creen dueños de las rutas y que se ha rescatado un bien público a través del concurso.
“Solo pedimos que se respeten las adjudicaciones de las rutas que en este momento operan. No se puede hacer un concurso público sobre el derecho que nosotros adquirimos en los contratos que firmamos en el 2017 con la Secretaría de Movilidad”, acotó Calvopiña.