El Concejo Metropolitano de Quito trató durante casi tres horas la situación del Relleno Sanitario El Inga, en la tarde de hoy, jueves 26 de agosto del 2021.
La gerente de la Empresa Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos (Emgirs), María Gabriela Dávila, compareció ante el cuerpo edilicio.
La discusión giró entorno al informe emitido por el Ministerio de Ambiente sobre las tres últimas inspecciones realizadas en julio pasado para verificar el manejo de los lixiviados.
Uno de esos controles, dijo Dávila, se hizo en una madrugada y “violentando el procedimiento”.
La titular de la Emgirs señaló que el Ministerio no tomó pruebas técnicas, por lo que presentará sus descargos a lo observado y, en caso de que esa cartera de Estado no acepte, dejó abierta la posibilidad de recurrir a otras instancias.
Dávila informó que el Ministerio de Ambiente solicitó, entre otras cosas, los estudios y permisos ambientales de la piscina 4, los estudios del área de implementación del material de cobertura, los estudios del cubeto 10 y las medidas para mitigar los olores.
Sobre esto señaló que fueron entregados los estudios solicitados y que la Emgirs cuenta con un convenio para mantener el material de cobertura en un lugar que el Ministerio cuestionó.
El concejal René Bedón cuestionó a Dávila y señaló que lo importante era caracterizar lo que sucede en El Inga y planteó que se defina si existe o no un daño ambiental por el tratamiento de los lixiviados.
Juan Manuel Carrión criticó la postura de Dávila y la acusó de haberse contagiado “del estilo de esta administración”, al afirmar que los problemas en el relleno sanitario han sido heredados de otros años.
Carrión cuestionó la cantidad de piscinas para almacenamiento que se han construido en la actual administración y si se han edificado con todos los permisos correspondientes.
La edil Mónica Sandoval calificó la intervención de Dávila, como una “defensa ultranza” de acciones. “Gran parte de su exposición se concentra en defenderse. Debe haber un autocuestionamiento. Nos guste o no la entidad de control es el Ministerio del Ambiente”.
Sobre las comunidades, Sandoval pidió ser más empáticos por ser los directamente afectados. “Ellos conviven con los lixiviados. Esto no es cuestión de plata, las compensaciones son obligatorias. Cerrados los ojos deberíamos darles”.
El concejal Luis Collahuazo comentó que la Emgirs sí puede jugar un rol fundamental, como asesores para el manejo de fondos públicos con los dirigentes barriales de las zonas aledañas al Relleno Sanitario.
Según los ediles y la misma Dávila a la sesión también acudieron los moradores de las zonas cercanas al relleno, quienes han sido insistentes en sus denuncias por los malos olores provenientes de allí y una supuesta descarga de lixiviados al río Inga. Sin embargo, ninguno de ellos habló.
“Yo he caminado por unas 20 comunidades de ahí, a distintas horas, hace varios meses. Les he preguntado varias veces. Los vecinos dicen que a las 03:00 y 04:00 los olores son insoportables, indicó la edil Analía Ledesma.
“Existe o no un daño ambiental”, cuestionó Luis Reina y preguntó si se pueden colocar alarmas o indicadores que adviertan un posible colapso de las piscinas con lixiviados.
Dávila respondió que los procesos de contratación de las empresas para el tratamiento de lixiviados fueron observados y esas recomendaciones fueron tomadas en cuenta. “No podemos evitar decir que 10 000 litros de lixiviados son de esta administración”, indicó sobre las acusaciones de los concejales.
“No existe un daño ambiental. Sin embargo nosotros, sí hemos tomado acciones, sí hemos verificado la calidad del agua con laboratorios acreditados”, insistió.
Reconoció que si bien no hay los instrumentos técnicos para medir a todas las piscinas, tal y como alertó el Ministerio del Ambiente, cuenta con los “sustentos técnicos” de esas faltas.