En la mañana de este jueves, 19 de agosto del 2021, estaba previsto que se realice un recorrido técnico por el Relleno Sanitario El Inga con representantes de la Defensoría del Pueblo. La entidad recibió una denuncia de los moradores de cuatro comunidades vecinas al sitio, debido a una supuesta fuga de lixiviados, en julio pasado.
Las comunidades afectadas son: El Inga Bajo, El Belén, Santa Ana e Itulcachi.
Los dirigentes Jorge Pineida (Itulcachi) y Leonel Ramírez (El Inga Bajo) explicaron que el recorrido no se concretó porque al lugar acudieron más de 100 moradores de las zonas aledañas al Relleno para protestar en contra de los fuertes olores. Esto generó malestar entre las autoridades.
Pineida, además, señaló que los inconvenientes también se dieron por la llegada de habitantes de las mismas comunidades para apoyar la gestión de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs).
Leonela Zambrano, delegada de la Defensoría, afirmó que ya se abrió un expediente sobre esta denuncia para conocer lo que sucede en la zona y darle un seguimiento adecuado. “Esta primera diligencia que teníamos hoy era un recorrido, para verificar como se están dando las cosas. Pero lamentablemente no se pudo dar a cabo”.
La diligencia se suspendió, según Zambrano, por falta de garantías. Esto respondió a que varios dirigentes y moradores quisieron ingresar a la fuerza y acompañar a los funcionarios durante la evaluación del Relleno. “Finalmente terminaron ingresando un número considerable”, de moradores, indicó la delegada. Algo que también confirmaron los dirigentes.
Desde la Defensoría se acordó el anuncio de una nueva fecha para esa visita y para esto se asignará una cantidad específica y adecuada de dirigentes que estarán en el nuevo recorrido.
El miércoles 18 de agosto la Empresa Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos (Emgirs) también dio un pronunciamiento por esas denuncias.
La gerente de esta entidad, María Gabriela Dávila, afirmó nuevamente que los lixiviados se tratan de forma correcta a través de un tren de tratamiento y que no existen fugas. “Lo que nosotros hemos hecho es tratar el lixiviado dentro del relleno sanitario y es evacuado a través de aspersiones, según y como lo establece el plan de manejo ambiental y de plan de acción aprobados”.
Dávila aseguró además que hay “un trabajo constante con las comunidades”, y agregó que la principal molestia entre los vecinos del Relleno es por un supuesto mal manejo de un fondo de compensación a las comunidades, y que ha sido manejado por ellos mismos. Esta observación, afirmó, la hizo la Contraloría General del Estado.
“Los fondos de compensación pese a que son para beneficio de las autoridades deben ser manejados como fondos públicos. Hay USD 3,3, millones que no han sido justificados por los dirigentes de estos barrios”, aseguró la gerente de la Emgirs.
Para Pineida hay un malentendido sobre esos recursos, y afirma que no son la razón de su protesta. “Ella (Dávila) quiere distraer diciendo que nosotros estamos peleando por los fondos de compensación. Eso es falso, estamos peleando por el ambiente, la contaminación. Esos recursos pueden esperar”, indicó.