El colapso del relleno sanitario de Quito, ubicado en El Inga, se evitó con la construcción de un nuevo espacio para la disposición de los desechos. Se trata del cubeto 10, que empezó a funcionar en abril y que será una solución temporal.
La Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs), que administra el relleno, respondió vía e-mail que con este nuevo cubeto la operatividad este espacio, donde se da tratamiento a las 2 200 toneladas que genera la urbe al día, es de entre ocho y nueve meses. Así, en diciembre se llenaría y la capital ya no tendría en dónde colocar sus residuos.
El año pasado, el Municipio declaró la emergencia ante la falta de espacio en el relleno sanitario. Por eso se proyectó la construcción urgente de un nuevo cubeto, que finalmente se concretó en febrero.
El cubeto 10 se levantó en un área de 3,95 hectáreas y permitirá la disposición final de 550 000 toneladas de desechos sólidos. Antes de su operatividad, la basura se depositaba en el cubeto 9b y en un área que aún se consideraba aprovechable entre los cubetos 4 y 6.
Dado el tiempo limitado del nuevo espacio, la Emgirs ya planificó la construcción del undécimo cubeto. En la respuesta escrita, la entidad señaló que se prevé tenerlo listo para el segundo trimestre del 2022. Para esa obra, que está en la fase de consultoría, se requieren USD 1,7 millones.
Cuando se le consultó a la empresa cómo va a dar tratamiento a la basura durante el primer trimestre del próximo año, dijo que todas las fechas que constan en sus respuestas son proyecciones que dependen del manejo de los desechos de la ciudad.
Añadió que la vida útil del cubeto 10 puede extenderse hasta los 13 meses y que, para ese entonces, se espera que el cubeto 11 ya esté operativo.
Según la Emgirs, ese último espacio tendrá una capacidad para recibir unas 800 000 toneladas. Posteriormente, se habilitará un sitio adicional que contempla el uso de todas zonas aprovechables en el relleno que permitirá disponer 1,7 millones de toneladas. Con ello, se prevé prolongar la vida útil del relleno hasta el 2024.
Mientras tanto, el manejo de los desechos tiene un alivio momentáneo. Sin embargo, la edificación del cubeto 10 ha recibido varios cuestionamientos por parte del Concejo. Principalmente, debido a que la construcción estuvo a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas (Epmmop).
María Gabriela Dávila, gerenta de la Emgirs, explicó que la obra se acordó a través de un convenio interinstitucional. Contó que se declaró desierta la licitación pública de la misma en julio del 2020, y que el 15 de ese mes se publicó un nuevo proceso de licitación para la construcción del cubeto, el mismo que nuevamente se declaró desierto en agosto.
Agregó que ese mes asumió la gerencia y solicitó a un equipo técnico que verificara el proceso de licitación, y que este halló algunas falencias técnicas que podían afectar a su ejecución. Por eso, la Emgirs dio de baja la licitación para evitar así una terminación de contrato que habría perjudicado a la ciudad, según Dávila.
Por eso se firmó el convenio con la Epmmop. De no haber sido así, reiteró la funcionaria, recién en abril de este año se habría concretado dicha adjudicación y la ciudad no tendría -hasta la fecha- un sitio para disponer la basura.
Además, Dávila argumentó que bajo esta modalidad la obra costó USD 1,4 millones, de los USD 2,3 millones presupuestados inicialmente, es decir, el Municipio se ahorró cerca de USD 1 millón.
Sin embargo, los ediles cuestionaron ese convenio por las posibles falencias que presenta el actual cubeto en sus taludes y supuestas fugas.
El concejal Omar Cevallos considera que la terminación de la licitación debió estar acompañada de un informe técnico y jurídico. Por su lado, la edil Mónica Sandoval asegura que la Epmmop nunca tuvo la capacidad técnica para construir el cubeto.
Según Nasser Paredes, gerente de la Epmmop, para dichos trabajos se realizó un contrato para contar con la maquinaria necesaria para las labores de excavación y desalojo. Ese contrato se realizó a través de un proveedor externo, dijo, y la mayor parte de trabajos se hicieron con subcontratos a proveedores.
El Concejo pidió una auditoría técnica al Colegio de Ingenieros de Pichincha y la realización de un examen especial por parte de la Contraloría.