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Yunda cuestiona votos, actuación de alterna, la ausencia de secretario titular y la participación ciudadana

Jorge Yunda presentó una consulta sobre el procedimiento para su remoción y el documento tiene cuatro cuestionamientos centrales. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

La permanencia de Jorge Yunda en la Alcaldía de Quito la definirá el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Ayer, en el último día de plazo, su defensa presentó una consulta sobre el procedimiento para su remoción y el documento tiene cuatro cuestionamientos centrales

Ahora, el abogado patrocinador del Burgomaestre es Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El documento no lo presentó Marcelo Icaza quien ejerció la defensa durante las sesiones el miércoles 2 de junio del 2021  y jueves 3, cuando el Concejo aprobó la remoción. 

Después de presentar el escrito, Acosta quien es experto en temas electorales, explicó que la consulta solamente activa un mecanismo de control. Es decir, con el pedido presentado, el TCE solamente puede revisar los requisitos y actuaciones de forma, así como aquello relacionado con el debido proceso. 

El abogado patrocinador, quien se encargó de presentar el documento, fue Jorge Acosta. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Pero, ¿cuáles son los cuestionamientos de Yunda a su remoción? 

Hay cuatro puntos expuestos en el documento. El primero tiene que ver con la causal de remoción referida a no garantizar la participación ciudadana

En el pedido se lee: “no basta la sola afirmación de la denunciante con respecto a que he violentado el ejercicio del derecho de participación ciudadana al no haber convocado a la máxima instancia de participación ciudadana, pues, los hechos demostraron todo lo contrario, dado que el informe lo presenté por vía telemática por los imperativos generados por la pandemia”. 

Una vez que se conocieron los argumentos presentados por Yunda, Jéssica Jaramillo, quien junto a Carolina Moreno impulsaron la solicitud de remoción, reaccionó en su cuenta de Twitter. 

Sobre ese primer punto señaló que sí hubo una reunión de la Asamblea de Quito. Sin embargo, “no consta el orden del día de ninguna convocatoria el tratamiento de lo relacionado a la ejecución presupuestaria”. Agregó que ese análisis es de fondo y no de forma cómo le compete al TCE.  

Según Acosta, otro de los cuestionamientos centrales es el número de votos requeridos para la remoción. Ese es el segundo punto que se establece en el documento. A criterio de la defensa de Yunda, el Concejo está integrado por 22 personas; los 21 ediles más el Alcalde. “la Ley exige que sea resuelva con las dos terceras partes de los integrantes. Necesitaban 15 votos”. 

Además, el documento expresa que el vicealcalde Santiago Guarderas se principalizó y no ocurrió lo mismo con su alterna quien debía ocupar su concejalía. De esa forma, según Yunda, se completaban los 22 integrantes del Concejo.  

El tercer argumento tiene que ver con la principalización de la alterna del concejal Mario Granda quien sufre afecciones graves por el covid-19 y fue hospitalizado. “Se hizo una convocatoria a la concejal alterna sin que el principal haya solicitado directamente tal reemplazo”. 

Además, se señala que, para viabilizar el reemplazo, el asesor de Despacho de Granda, Patricio Torres se arrogó funciones. En ese escenario, dice el escrito que Guarderas y los asistentes a la sesión acomodaron la situación para “completar el número de integrantes”. 

Finalmente, el cuarto argumento es que en el expediente no existe constancia alguna de la existencia del secretario general Titular del Concejo. “Únicamente ha actuado la Ab. Damaris Ortiz, encargada de dicha Secretaría, cuando, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) exige que sea el titular quien realice las actuaciones”. 

Sobre esto, Jaramillo dijo que la Ley prevé que a falta del titular asumirá sus funciones la pro-secretaria. “En Derecho Público todo se encuentra reglado”, escribió en su cuenta de Twitter

La madrugada del jueves pasado, el Concejo Metropolitano aprobó con 14 votos, la remoción del alcalde Jorge Yunda. La decisión se tomó después de escuchar los argumentos tanto del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito que pedía la remoción como del abogado de la defensa, Marcelo Icaza. 

Las denunciantes expusieron los hechos que configuraron dos causales previstas en el Cootad para la remoción. Después de esto, los ediles de Creo, Concertación, Izquierda Democrática, dos de Unión Ecuatoriana y tres concejales de Compromiso Social (correísmo) dieron su voto a favor

Solamente en caso de que el TCE ratifique la resolución tomada por el Concejo Metropolitano. Guarderas asumiría la Alcaldía. Si encuentra incumplimientos en las formalidades, el TCE dejaría sin efecto la remoción, según lo explicó Acosta.