Mañana, martes 22 de junio del 2021, se realizará la audiencia en la que se resolverá sobre la acción de protección solicitada por el alcalde Jorge Yunda, en contra de los cuatro integrantes de la Comisión de Mesa. Los ediles sustanciaron su proceso de remoción.
La diligencia está prevista para las 15:30 en forma telemática.
La jueza María Belén Domínguez está a cargo del pedido. Sin embargo, para dos constitucionalistas, la solicitud podría ser improcedente porque ya está en curso una consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El experto en Derecho Constitucional, Juan Francisco Guerrero, explicó que una acción de protección tiene como objetivo analizar si se vulneró o no un derecho constitucional en la actuación de una autoridad pública.
Por su parte, el profesor de la Universidad San Francisco de Quito, Emilio Suárez señaló que, una de las causas para que dicho recurso no se conceda es que exista otra vía judicial ordinaria que sea efectiva y adecuada.
Ambos expertos coinciden en que esa vía es la del Contencioso Electoral que ya está en curso mediante la consulta hecha por la defensa de Yunda. Se prevé un pronunciamiento de esa entidad hasta el 2 de julio próximo.
Con esta acción, según Guerrero, Yunda busca dejar sin efecto el informe emitido por la Comisión de Mesa. Esa instancia calificó el pedido del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito y escuchó las pruebas y los descargos antes de elaborar su informe.
En ese documento se estableció que Yunda incurrió en dos causales de remoción contempladas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad). Esa fue la base con la que el Concejo Metropolitano, el 3 de junio pasado decidió remover al Burgomaestre.
Si bien, dicho informe no era vinculante, según Suárez sí era un paso necesario para la decisión que tomó el cuerpo edilicio. En caso de ser concedida la acción de protección, todo lo derivado después del informe quedaría insubsistente.
Sin embargo, lo que resolverá mañana, 22 de junio, la jueza Domínguez es una decisión de primera instancia. Es decir, ya sea Yunda o los concejales que integran la Comisión de Mesa podrían apelar la decisión y la resolución de segunda instancia estaría a cargo de la Corte Provincial de Pichincha.
A criterio de Suárez, si Yunda obtiene la medida de protección, no podría ser removido hasta que el trámite llegue a la Corte Provincial. Esto a pesar de que en ese tiempo el TCE pudiese resolver que el proceso cumplió con todas las formalidades.
Sin embargo, aún después de la Corte Provincial hay un recurso más. Tanto El Primer Personero de la ciudad como los ediles, pueden recurrir a una acción extraordinaria de protección que la resolvería la Corte Constitucional (CC).
Sin embargo, según Guerrero, dicha acción no suspende los efectos de las decisiones anteriores. Es decir, si mañana la jueza le otorga las medidas de protección a Yunda y la Corte Provincial después decide revocar esa decisión, la acción extraordinaria no suspende la remoción.
Para los dos expertos, la estrategia de Yunda tiene que ver con agotar todas las instancias posibles. Sin embargo, la acción de protección presentada no contempló la posibilidad de decisiones contrapuestas y eso es lo que debería tomar en cuenta la jueza, según Suárez.
El concejal Fernando Morales, integrante de la Comisión de Mesa y quien es parte de la causa, dijo que tanto el Concejo como la Comisión de Mesa actuaron “de legal y debida forma”. Para el edil, aducir que se ha vulnerado un derecho constitucional es un error. “Lo único que se busca es pescar a río revuelto”, dijo.
El viernes 18 de junio, el TCE admitió a trámite la consulta hecha por la defensa de Yunda. El juez y presidente de esa entidad, Arturo Cabrera, tiene a cargo el caso y será el encargado de emitir un pronunciamiento.
El Alcalde de Quito fue removido de su cargo la madrugada del 3 de junio pasado cuando 14 de los 21 concejales presentes votaron en su contra.