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En 7 consultas, el Tribunal Contencioso Electoral anuló remoción de autoridades de Gobiernos Autónomos Descentralizados

Arturo Cabrera, juez del TCE, presidió ayer, 14 de junio del 2021, una audiencia en la sede del organismo. Foto: cortesía TCE

El futuro del alcalde de Quito, Jorge Yunda, dependerá de la respuesta que dé el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a su consulta sobre el proceso de remoción, en el que 14 ediles dieron su voto para que fuese separado del cargo.

La Secretaría del Concejo Municipal confirmó que ya se remitió el expediente completo del caso a Arturo Cabrera, presidente del TCE y juez encargado de sustanciar la consulta. En total, son 3 693 fojas y seis discos con los detalles del proceso.

Cabrera todavía no acepta a trámite la consulta ingresada por la defensa de Yunda, encabezada por Jorge Acosta, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral.

Se prevé que el magistrado se pronuncie oficialmente sobre la calificación del caso en las próximas horas.

Desde el 2019, el TCE recibió ocho consultas sobre remoción de autoridades. De ellas, una no se admitió a trámite y en las otras siete se dejaron sin efecto las resoluciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Entre otros argumentos, se mencionó que no se cumplieron las formalidades, o que hubo fallas en la conformación de las comisiones de mesa.

El juez Ángel Torres, también integrante del TCE, evitó hacer juicios de valor sobre el proceso de Yunda, pero sí explicó el procedimiento interno para absolver la consulta.

Aseguró que una vez que sea admitida a trámite, correrán diez días de plazo para que el TCE verifique si en la resolución de remoción del Alcalde de Quito se cumplieron las formalidades constitucionales, legales y reglamentarias.

En ese plazo, el juez Cabrera deberá preparar un proyecto de resolución para absolver la consulta, que será difundido entre los otros cuatro jueces que integran el Pleno del TCE.

Los magistrados podrán adherirse al proyecto o hacer un voto concurrente. Es decir, con argumentos distintos llegar a la misma decisión de Cabrera.

Una tercera opción es dar un voto salvado, en caso de que los jueces tuviesen una decisión diferente a la del magistrado ponente del proyecto.

Otro elemento clave es que el TCE absuelve las consultas de remoción de autoridades de GAD en una sola instancia.
“Los jueces toman decisiones conforme a derecho, no cuentan valoraciones de carácter político”, apuntó Torres, al tiempo que descartó cualquier tipo de presión.

En la consulta, la defensa de Jorge Yunda expone cuatro cuestionamientos a su remoción. El primero tiene que ver con la causal de supuestamente no garantizar la participación ciudadana.

El segundo aduce que el Concejo está integrado por 22 personas: los 21 ediles más el Alcalde. “La mayoría absoluta debió contar con 15 votantes”.

El tercer argumento tiene que ver con la principalización de la edil alterna del concejal Mario Granda, quien sufre afecciones graves por el covid-19 y fue hospitalizado.

El cuarto apunta a que supuestamente no existe constancia de la existencia del secretario general titular del Concejo Metropolitano.

Jessica Jaramillo, abogada del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, colectivo que impulsó la solicitud de remoción de Yunda, desestima los alegatos de la defensa del Burgomaestre.

Sobre el punto relacionado a que la Asamblea de Quito sí se reunió, critica que se haya ingresado un CD como prueba de que sí hubo esa supuesta participación ciudadana.

En cuanto a los votos para la remoción, Jaramillo dice que la norma aclara que para el cálculo se considerará como parte al Ejecutivo, salvo que él sea el denunciado. “La mayoría requerida es 14”.

En lo relacionado con la principalización de la edil alterna del concejal Granda, dice que los casos fortuitos o de fuerza mayor sí están normados.

“El concejal está hospitalizado, él no va a poder firmar, por lo tanto es un tercero, su asesor, quien solicita esa formalidad”. Agregó que Damaris Ortiz, secretaria del Concejo, también remitió la convocatoria a la concejala alterna.

Sobre la ausencia del secretario titular, aseguró que “el TCE ya sentó precedente”, en el sentido de que un secretario no titular o encargado no deslegitima su actuación.

Si bien Jaramillo reconoce que el TCE sí ha dejado sin efecto resoluciones de remoción de los GAD, considera que otra opción sería devolver el expediente al Concejo.

En caso de que se anule la remoción de Yunda, adelantó que interpondrán una acción de carácter constitucional.

Esteban Ron, experto electoral, cree que la ley no establece que el TCE pueda dejar sin efecto resoluciones de remoción adoptadas por los GAD.

“Ni el Cootad ni el Código de la Democracia y menos el reglamento de trámites del TCE habla de dejar sin efecto”.

La defensa de Yunda pide al TCE que verifique el “cumpli­miento de formalidades y procedimiento con las consecuencias que se deriven de ello”.