El análisis de la consulta de remoción planteada por la defensa del alcalde de Quito, Jorge Yunda, se extenderá aún más. La noche del martes 15 de junio del 2021 se hizo público el pedido de aclaración suscrito por Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en el que ordena a la Secretaría del Concejo Metropolitano reenviar el expediente del proceso de remoción “original, íntegro y completo, debidamente foliado en forma secuencial, comenzando en uno y ordenado de manera cronológica desde la fecha más antigua a la más reciente”.
La Secretaría del Concejo remitió el pasado viernes 11 de junio el expediente, que consta de 3 693 fojas y seis discos tipo DVD. En el auto, el juez señala que se remitieron diez carpetas y que cada una de ellas contiene una foliatura que no resulta coherente, ni lógica en su secuencia y estructura de los documentos.
“Llama a la atención del TCE que la Secretaría del Concejo Metropolitano estructure la información en sentido contrario a la secuencia debida, lo que impide contar con un expediente organizado que pueda ser analizado en legal y debida forma”, reza el documento. Además, se cuestiona que la documentación entregada se remitió en copias y su condición de simple, certificada o compulsa “se pretende salvar con una descripción somera”.
Cabrera otorgó dos días de plazo para que se remita la información y sustanciar la consulta de remoción planteada por la defensa de Yunda, luego de que 14 ediles votaran a favor de separarlo de su cargo.
Además, el TCE pide el original del documento de citación y sus anexos, entregados a la autoridad removida. También la convocatoria, acta de sesión y resolución adoptadas por el órgano competente en relación a la recusación planteada por el alcalde Yunda en contra del vicealcalde, Santiago Guarderas.
Asimismo, solicita la copia certificada de la documentación que acredite la condición de Secretaria general encargada del Concejo Metropolitano.
El juez Cabrera advierte que no se considerarán las comunicaciones de terceros interesados por no ser parte consultante y que no serán notificados con el avance de la causa. Sin embargo, al delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, “en virtud del principio de transparencia, por esta única vez se le notificará”.
Una vez que reciba el expediente organizado, Cabrera deberá emitir un auto en el que admita o no a trámite la causa. Si se la admite a trámite, tendrá diez días para absolver la consulta de remoción planteada por la defensa de Yunda, en la que pide que se verifique el cumplimiento de las formalidades y el adecuado proceso de remoción.
Desde el 2019, el TCE resolvió ocho consultas sobre remoción de autoridades. De ellas, una no se admitió a trámite y en las otras siete se dejaron sin efecto las resoluciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Entre otros argumentos, se mencionó que no se cumplieron las formalidades, o que hubo fallas en la conformación de las comisiones de mesa.
El 3 de junio pasado, con 14 votos, el Concejo Metropolitano dio paso a la remoción del alcalde Yunda. El Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito impulsó la solicitud de remoción.
Los abogados de Yunda plantean cuatro cuestionamientos al proceso, entre ellos, el número de votos para remover al alcalde y la principalización de la edil alterna del concejal Mario Granda, quien está afectado por covid-19.