13 de noviembre de 2019 19:30

Procuraduría dice que Ecuador evita pagar unos USD 600 millones por arbitraje internacional

Íñigo Salvador, procurador general del Estado. Foto: Twitter Procuraduría Ecuador

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Agencia EFE

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La Procuraduría General del Estado ecuatoriano dijo que ha logrado hasta la fecha evitar el pago de cerca de USD 600 millones en ocho casos de litigios y demandas internacionales, según informó el miércoles 13 de noviembre del 2019 la entidad defensora.

En un comunicado, la Procuraduría precisó que, en concreto, son USD 597 millones los que no ha tenido que pagar finalmente el Estado, de un total de USD 615 millones, en procesos internacionales generalmente por incumplimientos de contratos, juicios en sede extranjera, o supuestas violaciones a los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI).

Las ocho entidades que acudieron a tribunales en el exterior son Internexa, Inmobiliar, Sociedades Grupo Albacora, FAE, TAME, OCP, Cooper Mesa y Repsol 3.

En los casos de arbitrajes y juicios en sede extranjera de Internexa, Inmobiliar, el Grupo Albacora y Tame los resultados fueron favorables para la defensa del Estado, lo que se refleja en que Ecuador no tuvo que desembolsar ningún monto tras acogerse al proceso judicial.

En el caso Internexa, por ejemplo, dos compañías extranjeras iniciaron en 2015 un arbitraje internacional contra la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), demanda en la que argumentaron que la telefónica ecuatoriana incumplió el Acuerdo Global de Compromiso para la explotación del Negocio de Transporte Regional en Ecuador (NTR).

El documento recoge que el mencionado acuerdo "se hizo para que las empresas participaran en el negocio regional portador de telecomunicaciones en la región Andina, Centroamérica y Brasil".

Las compañías extranjeras solicitaban el cumplimiento de este acuerdo y la indemnización por daños y perjuicios, a lo que la Procuraduría ecuatoriana desvirtuó en julio pasado "las pretensiones de las empresas extranjeras" y ganó el arbitraje internacional.

Algo similar ocurrió con el caso Albacora que data de marzo de 2015.
La empresa española Albacora S.A. notificó a la Procuraduría General del Estado ecuatoriano una controversia relativa a inversiones al Estado ecuatoriano.

La firma alegó que las determinaciones tributarias realizadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) afectaban a su inversión, pues consideraba que la exención al impuesto a la renta, establecida en la Ley de Zonas Francas, estaba vigente.

Además, la Procuraduría ha llegado a soluciones amistosas, como las alcanzadas en los casos OCP y Repsol 3, mientras que se produjo un desistimiento en el caso de FAE y un acuerdo parcialmente favorable en el caso Cooper Mesa.

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