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Reforma tributaria superó primer debate con pedidos de ajustes

El primer debate duró algo más de cinco horas en la Asamblea Nacional. Foto: Tomada de la cuenta Twitter Asamblea Nacional

El proyecto de reforma tributaria, impulsado por el presidente Guillermo Lasso, superó el primer debate en la Asamblea, entre pedidos de ajustes al texto que deberá regresar al Pleno para su aprobación o rechazo.

Se trata del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del covid-19, calificado de urgencia en materia económica, que fue presentado por el Ejecutivo el 28 de octubre pasado.

La conducción de la sesión estuvo a cargo del primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (Ind.), quien decidió clausurarla una vez que intervinieron 21 legisladores, pese a que faltaban por intervenir al menos 20 más, lo que ocasionó reclamos en el hemiciclo, este martes 16 de noviembre de 2021.

Ninguna bancada pidió el archivo de la propuesta, pese a los reparos. Así, la Comisión de Desarrollo Económico deberá preparar un informe para su segundo y definitivo debate en el Pleno Legislativo. La Asamblea tiene de plazo hasta el 28 de este mes para pronunciarse, caso contrario regiría por el Ministerio de la Ley.

El primer debate duró algo más de cinco horas. En las bancadas que integran el Parlamento hubo tres posturas marcadas: el oficialismo defendió el texto, Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID) tuvieron posiciones moderadas, a diferencia del correísmo y el PSC, que se pronunciaron en contra de que se incrementen impuestos.

Los mayores reparos se concentraron en las contribuciones temporales para personas naturales, deducciones para el impuesto a la renta, un mecanismo de regularización para los activos de ecuatorianos en el exterior y un régimen simplificado para negocios populares (Rimpe), que abarca el proyecto.

Contribuciones

El oficialismo insistió en que esta reforma tributaria afectará a entre el 2.5% y el 3% de la Población Económicamente Activa (PEA). A su vez, defendió el informe de la Comisión de Desarrollo Económico que hizo algunos ajustes a la propuesta del Ejecutivo: establecer en USD 2500 (y no USD 2000) la base para la tabla de las contribuciones y que para el Impuesto a la Renta puedan deducirse hasta un tope de USD 10 000 (y no USD 5000).

“Los ecuatorianos que ganan USD 2 500 al mes o menos, no van a tener ningún impacto para esta reforma (…). De ser aprobado este proyecto, el SRI recaudaría un valor anual de aproximadamente USD 452 millones adicionales”, dijo el ponente del proyecto, Francisco Jiménez (Creo).

La vicepresidenta de la Comisión, Wilma Andrade (ID) calculó que “el 96% de los ecuatorianos no van a tener impacto con esta ley” y mencionó que el 80% no gana más del sueldo básico (USD 400). La legisladora llamó a la solidaridad de los sectores con mayor poder adquisitivo.

Sin embargo, el jefe de bloque del PSC, Esteban Torres, aseguró que esta propuesta difiere con las promesas de campaña del actual Gobierno y la catalogó de “traición a la clase media y a la clase profesional”, que votó por Lasso.

“Un dólar es más productivo en el bolsillo de un ecuatoriano que en las cuentas de un Ministerio”, señaló Torres, quien consideró que “no es momento de subir impuestos, para castigar a quienes emprenden” y sostuvo que los impuestos al patrimonio son propios de un régimen de izquierda.

César Rohón (exPSC) argumentó que el 76% de los contribuyentes previstos con esta ley ganan entre USD 2000 y USD 3500 al mes. Pero la oficialista Ana Belén Cordero aseveró que 6.4 millones de ecuatorianos reciben menos de USD 500 al mes.

La segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yeseña Guamaní (ID), sugirió incrementar la base de la tabla para las contribuciones a partir de los USD 3000. El oficialista Diego Ordóñez argumentó “conflicto de intereses en el Pleno”, en alusión al sueldo que reciben legisladores y funcionarios (que superan los USD 2500).

Recursos en el exterior

En Pachakutik las mayores críticas se enfocaron en un impuesto del 3.2% que contempla el proyecto para el registro de inversiones de ecuatorianos en el exterior. El jefe de bloque, Rafael Lucero, propuso que esto se aplique de manera obligatoria y que el tributo sea del 5%.

Lucero dijo que este mecanismo debe ser público y no tener sigilo para evitar que ingresen al país recursos producto de actividades ilícitas como el narcotráfico o la corrupción. Su coideario, Joel Abad, sugirió que sea eliminado para evitar el “blanqueo de dinero”.

La oficialista Nathalie Arias se encargó de solicitar varios puntos de información para replicar a los legisladores, al considerar que no todos habían leído el texto para el debate. Aunque el oficialismo evitó aludir a los expresidentes Rafael Correa y Lenín Moreno, Arias afirmó que lo que permitió el “blanqueo de capitales es el decreto 1073 (firmado en 2016) no el proyecto económico urgente” de Lasso.

Rimpe

En cuanto a la propuesta de crear un régimen simplificado para negocios populares (Rimpe), los asambleístas del correísmo Pabel Muñoz y Sofía Espín pusieron reparos. Muñoz manifestó que se pretende cambiar de nombre al Registro Único del Contribuyente (RUC), al que Espín lo defendió como “medida exitosa” del Gobierno de Correa.

Muñoz afirmó que este mecanismo afectaría a las pequeñas y medianas empresas, dijo que a la Asamblea le corresponde “evitar conflictos no previstos” por el Ejecutivo en la propuesta. Concordó con Rohón y otros asambleístas en que se debe gravar mayores impuestos a 300 grupos económicos.

Jiménez insistió en que esta propuesta cumple con los principios de progresividad, apuntó que “lo razonable es que los sectores con mayor ganancia en la pandemia” contribuyan. Afirmó que estos recursos son clave para el financiamiento gasto social, la sostenibilidad de las finanzas públicas para lograr atraer la inversión extranjera, aunque la oposición remarcó que en esto mucho tiene que ver los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la entrega de créditos.

El proyecto se compone de 150 artículos y apunta a reformar 18 leyes, como el Código Tributario, el Código de Planificación de las Finanzas Públicas y el Código de la Producción.

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