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Desinterés y reclamos de asambleístas en comparecencias de 5 funcionarios por caso María Belén Bernal

El ministro del Interior, Juan Zapata, fue uno de los funcionarios que compareció ante la Asamblea por el caso María Belén Bernal. Foto: EL COMERCIO

Cinco funcionarios comparecieron este miércoles 28 de septiembre de 2022 ante la Asamblea para presentar informes en relación al femicidio y desaparición de María Belén Bernal.

Las comparecencias tomaron algo más de hora y media, un día después de que Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, presentó su testimonio al Pleno y a dos comisiones.

Los primeros en ingresar al hemiciclo fueron el flamante ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante de la Policía, Fausto Salinas. Ellos anunciaron una reestructuración didáctica en las escuelas de formación de la Policía. La modificación será de la malla curricular con un enfoque de género.

El Ministro anunció que el 22 de octubre se incorporarán 7 000 hombres y mujeres a la Policía.

"Aquí tenemos que ser absolutamente claros: hemos hablado de una reestructuración en el aparato formativo institucional, no total. La Policía Nacional tiene unidades y muchísimos hombres y mujeres que han sido reconocidos a nivel nacional e internacional" dijo.

Pedidos de funcionarios a los asambleístas

Zapata requirió, además, a la Asamblea que realice reformas al régimen disciplinario en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, para una mayor agilidad en la aplicación de sanciones a los uniformados que infringen la ley.

El Ministro aseguró que "esta normativa excesivamente garantista se ha convertido en el cómplice de lo que hoy tenemos: el resquebrajamiento de la disciplina en un sector, porque no podemos generalizar".

"Muchas personas decían por qué los vinculados en el tema de la Escuela Superior de Policía no están fuera de la Policía, ¿Por qué? Porque este debido proceso nos lleva a una línea de tiempo que, en el mejor de los casos, podemos tener una sentencia en 45 días, en el peor de los casos en 60 o 90 días", dijo.

Salinas aseguró que la institución ha cortado el flujo económico al teniente Germán C., esposo de Bernal y principal sospechoso del femicidio, quien se encuentra prófugo de la justicia.

El Comandante aseguró que la Policía, en otro ámbito, inició 13 procesos administrativos, ocho contra servidores policiales técnico-operativos y cinco contra técnico-directivos por faltas muy graves, incluido el sospechoso del crimen de Bernal.

La secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, pidió no revictimizar a la familia de María Belén Bernal. Mientras que el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, aseguró que nada está sobre la vida y confió en que no se utilice el dolor como plataforma electoral.

Ordóñez también se refirió a la necesidad de reformas legales. "No se puede sancionar a un policía violento en sus relaciones de pareja porque solo se puede sancionar si está dentro de servicio. Al amparo de esa ley, al amparo de esa protección policías que han sido sancionados han recuperado sus cargos", adujo.

La fiscal General del Estado, Diana Salazar, compareció mediante videoconferencia; por alrededor de media hora presentó una cronología sobre las pesquisas.

Salazar dijo que la investigación arrancó el 12 de septiembre, un día después de la desaparición de Bernal, y que hasta este 28 de septiembre el esposo de la víctima y una cadete de Policía son los únicos procesados.

Detalló que hasta el 27 de septiembre se realizaron 96 diligencias investigativas y 63 impulsos fiscales, que incluyen allanamientos, revisión de registros telefónicos, entre otros.

"La intervención de terceros en una investigación o proceso penal puede entorpecer el trabajo de la justicia, y elevar falsas expectativas en la sociedad y actuar en favor de los responsables al adelantar información", apuntó.

Reclamos y desinterés

Entre los asambleístas hubo desinterés en la intervención de la Fiscal, quien presentó unas diapositivas que resultaron ilegibles en las pantallas del Pleno. Unos conversaban o revisaban videos en sus teléfonos.

El mismo desinterés se evidenció en el caso de la Secretaria de Derechos Humanos, a la que acusaron de deficiencias en este caso y en una falta de ejecución del presupuesto para prevenir la violencia de género.

Al final hubo reclamos al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. La intención era que los funcionarios se quedaran a responder preguntas, pero el titular del Parlamento dijo que eso no está previsto en el procedimiento legislativo y los llamó a no perder la compostura.

La comisión ocasional que se conformó en el Pleno para investigar el femicidio todavía no tiene fecha para la primera sesión.


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