“Usted ordenó matar”. Así le dijo Patricia Sánchez, asambleísta de Pachakutik, al ministro del Interior, Patricio Carrillo, en su comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea este miércoles 3 de agosto.
Durante dos horas, el funcionario recibió una serie de preguntas, muchas repetitivas, de asambleístas de Unes, Pachakutik y del oficialismo, en relación al control de las protestas que se dieron entre el 13 y el 30 de junio pasado.
Jahaira Urresta (Unes) y Peter Calo (PK) advirtieron a Carrillo que lo llevarán a juicio político por un supuesto uso excesivo de la fuerza. Patricia Sánchez (PK) acusó al funcionario de haber “aplicado de forma irresponsable una represión fascista” contra los manifestantes.
“El diálogo que invocaba la movilización social fue reemplazado por movilización fascista ejecutada a través del Ministro del Interior, general Patricio Carrillo. Sí, señor ministro, usted el que ordenó matar en el 2019 también ordenó matar ahora, en el 2022”, enfatizó Sánchez.
Carrillo, quien a momentos sujetaba sus mejillas con las manos, dispuso de 20 minutos para responder y el tiempo le resultó insuficiente. “Esas son graves acusaciones, y son los discursos de odio también”, reaccionó.
“Una muerte fue por cirrosis”
El Ministro también emplazó a los legisladores a que “utilicemos bien los términos”, al rechazar que también lo hayan acusado de “bombardear” a las manifestaciones. “Lo que hubo es un repelimiento para tratar de dispersar a la gente y evitar que en la acción de masa vaya creciendo la violencia”.
El secretario del Estado afirmó que en el control de las protestas no se usaron ni armas letales ni escopetas con perdigones.
“Ustedes dicen que en el contexto de las manifestaciones perdieron la vida seis personas. ¡Que se investigue! Uno de ellos tiene cirrosis hepática; lo dice un protocolo de autopsia”, dijo Carrillo, mientras Sánchez sostenía que las muertes se dieron por balas.
Uso de la fuerza
Carrillo aseguró que la Policía no intervino en la Casa de la Cultura, cuando se desarrolló la denominada asamblea de los pueblos y nacionalidades. Pero sostuvo que en sus inmediaciones dos sedes diplomáticas fueron atacadas, por lo que la Policía debió repeler las protestas.
En ese sentido, también se pronunció el comandante de la Policía, Fausto Salinas. En su comparecencia aseguró que no se dio la orden para arrojar gas lacrimógeno a la Casa de la Cultura, aunque dijo que este pudo haber ingresado por acción del viento al lugar.
Salinas explicó el alcance de la disposición que recibió la Policía para el uso progresivo de la fuerza. “Lo que implicaba era que, ante una amenaza de munición letal, de explosivos, se pueda actuar en igual proporción, solamente con los violentos, con las personas que tenían armamento letal. De tal manera que era una posibilidad de analizar, pero no se llevó a efecto”, aseguró.
A la Comisión también se presentó, mediante videoconferencia, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, quien denunció una “persecución sistemática del Estado y medios de comunicación”, defendió los motivos de la protesta e insistió en que se dieron ilegalidades en su aprehensión.