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Luis Lara, ministro de Defensa, asegura que militares no actuarán como policías tras reforma

Nelson Proaño, jefe FFAA, y Luis Lara, ministro Defensa, en Comisión de Enmiendas. Foto: Asamblea

El ministro de Defensa, Luis Lara, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, acudieron este miércoles 25 de enero del 2023 a la Comisión de Enmiendas de la Asamblea. Esto como parte del análisis del proyecto de reforma constitucional para que los militares puedan coordinar acciones con la policía contra el crimen organizado, sin necesidad de declarar un estado de excepción.

En más de una ocasión, Lara aseguró que esta propuesta del Ejecutivo no pretende que los militares actúen como policías. Aseguró que tampoco descuidarán su misión principal en el cuidado de las fronteras.

"Nunca el personal militar va a realizar operaciones tipo Policía. No lo va a hacer, lo hará dentro de los ámbitos de su competencia, lo que le permite ley", sostuvo.

Lara apuntó que la Ley de Control de Armas, Municiones y Explosivos es el instrumento que les permite a los militares efectuar controles en materia de seguridad. "Y sobre la base de eso es lo que apoyará a la Policía", insistió frente a las dudas de los legisladores.

El Ministro de Defensa aseguró que este proyecto es una respuesta "frente a esta violencia criminal que está asociada al narcotráfico, al crimen organizado transnacional, al terrorismo, a la minería ilegal, al tráfico de personas".

"Las Fuerzas Armadas han demostrado que cuentan con la capacidades, formación, capacitación y alistamiento necesario para apoyar complementariamente a la Policía Nacional", aseguró Proaño.

El ministro Lara precisó que, hasta ahora, no se han presentado denuncias contra los militares cuando han intervenido con la Policía en estados de excepción. Precisó que para que las Fuerzas Armadas puedan salir a las calles se requerirá de informe de la Policía sobre las condiciones de apoyo requeridas, en caso de que se apruebe la reforma constitucional.

Preocupaciones

También intervino la delegada de la organización Inredh, Ingrid García, pero la comisión se quedó vacía, lo que fue reprochado por su presidenta, Isabel Enríquez.

García definió a esta propuesta como un "retroceso al respecto de los Derechos Humanos". Aseguró que los militares "no están capacitados y carecen del entrenamiento" para brindar seguridad en las calles. Relató algunos casos sobre supuesto abuso de la fuerza.

La Comisión prevé entregar un informe para el primer debate en el Pleno hasta el 12 de febrero. En caso de ser aprobada por el Parlamento, el texto irá a referendo.


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