La propuesta de reforma constitucional parcial impulsada por el presidente Guillermo Lasso para permitir que las Fuerzas Armadas coordinen acciones con la Policía para enfrentar al crimen organizado pasó a la Comisión Ocasional de Enmiendas del Parlamento para su trámite.
La decisión fue adoptada por 118 de los 119 asambleístas presentes en la sesión 830 del Pleno este jueves 15 de diciembre del 2022, a una semana de que el primer mandatario entregara el proyecto.
La presidenta de la Comisión, Isabel Enríquez (PK), dijo a este Diario que convocará a sesión de la mesa para avocar conocimiento del proyecto y aprobar el cronograma para su tratamiento inmediatamente, antes del receso legislativo que se dará del 19 de diciembre al 2 de enero próximos.
Enríquez mencionó que serán convocados académicos, expertos, constitucionalistas, organizaciones sociales para que presenten sus criterios sobre la posibilidad de modificar el artículo 158 de la Constitución.
Además de Enríquez, la Comisión está integrada por Esteban Torres (PSC), Marlon Cadena (ID), el correísta Fernando Cedeño (Unes), Ricardo Vanegas, de Pachakutik; y Blanca Sacancela y Briana Villao, de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN).
Una vez que el proyecto sea remitido a la Comisión, esta mesa tendrá entre 30 y 60 días para emitir un informe para primer debate. Mientras, el segundo debate se dará en un plazo no menor a 90 días tras la primera discusión. En caso de ser aprobado, lo que requiere de al menos 70 votos en el Pleno, el texto irá a referendo.
Debate
Previo a esta resolución, hubo un debate del que participaron asambleístas de todas las bancadas legislativas. Si bien no hubo rechazo de las bancadas al proyecto, sí hubo algunos reparos.
El oficialismo sostuvo que este proyecto pondrá a prueba a los asambleístas que están del lado de los ciudadanos o que actúan a favor de mantener un manto de protección al crimen organizado.
Asambleístas del correísmo como Patricia Núñez acusaron a Lasso de pretender “lavarse las manos” frente a la inseguridad que enfrenta al país.
Núñez aseguró que en la Ley del uso de la fuerza aprobada este año por la Legislatura el Ejecutivo ya cuenta con una herramienta para que los militares puedan apoyar a la Policía, pero Jorge Pinto (Creo) la tachó de mentira, pues adujo que los soldados solo pueden ingresar a las cárceles para requisas en estados de excepción.
“Las Fuerzas Armadas sí están preparadas en derechos humanos. Parecería que hay asambleístas que defienden al narcotráfico”, enfatizó Pinto.
La correísta Gisela Garzón sostuvo que en la propuesta se deben incluir “líneas rojas” para que los militares den un apoyo complementario a la Policía para combatir al crimen organizado de manera regulado, pero sin militarizar las calles.
El socialcristiano Esteban Torres adujo que este proyecto de reformas y consulta popular del Gobierno “busca nublar las elecciones seccionales” de febrero próximo.
Agregó que “no dan los tiempos” para que esta propuesta de reforma parcial a la Constitución, en caso de ser aprobada por el Parlamento, pueda ser sometida a referendo en febrero. Se calcula que el trámite concluirá entre mayo o junio en la Legislatura.
Geraldine Weber, otra integrante del PSC, llamó al Ejecutivo a que se derogue la tabla sobre consumo mínimo de drogas, que se concesione el manejo de las cárceles y apuntó que hay que “endurecer las leyes” contra la delincuencia.
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