“Estos eventos son los que ponen en el tapete la necesidad de tener una ley”. Lo dijo Rodrigo Rosero, subsecretario del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, tras el aluvión en el sector de La Gasca, norte de Quito, que dejó víctimas mortales.
El desastre ocasionó diversas reacciones este martes 1 de febrero del 2022. Desde la Asamblea Nacional hubo señales de duelo por lo ocurrido, algunos organizaban colectas de víveres y otros legisladores, por redes sociales, protagonizaron cruces de acusaciones.
En la agenda del Parlamento consta como una de las prioridades la aprobación de una Ley Orgánica del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que aún no llega al Pleno para primer debate.
La última vez que se trató este tema fue el 13 de agosto de 2021, cuando la Comisión de Seguridad resolvió unificar cuatro propuestas rezagadas del periodo pasado con el proyecto de Ley del Código Orgánico de Seguridad del Estado, impulsado por el expresidente Lenín Moreno.
En una rueda de prensa con autoridades del Municipio de Quito, donde se presentó un informe de lo ocurrido en La Gasca, Rosero destacó que “hay voluntades para generar esta ley”, pero dijo que “tomará su tiempo” y que en coordinación con la Asamblea se trabajará para esta norma enfocada, principalmente, en la prevención.
En redes sociales los expertos también insistieron en la necesidad de contar con esa Ley. El geógrafo Sebastián Vallejo tuiteó que “urge que se articule el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, con su respectiva ley orgánica y que se fortalezcan los gobiernos locales en uno de los grandes compromisos del marco de Sendai (instrumento internacional)”.
El exdirector del COE Metropolitano Christian Rivera manifestó que esta es una deuda de la Asamblea desde hace tres años, y que debe apuntar a una mayor coordinación entre el Gobierno y administraciones locales.
Hace una semana la Asamblea recibió comparecencias de varios funcionarios por el derrumbe de socavones producto de la minería ilegal en Zaruma. El titular de la Secretaría de Riesgos, Christian Torres, llamó al Pleno a actuar con un “sentido de urgencia” y que esta norma sea promulgada como Ley Orgánica.
“Nuestro país, al ser un territorio expuesto a diferentes amenazas, necesita de manera urgente una ley que permita gestionar los riesgos con un enfoque multinivel y multisectorial, incluyendo la adaptación al cambio climático y dándole la importancia que amerita el enfoque de reducción de riesgos. Diferentes estudios avalan la afirmación que cada dólar invertido en reducción de riesgos es un ahorro de USD 9 en respuesta y recuperación”, acotó.