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El crecimiento urbano descontrolado en laderas del Distrito Metropolitano de Quito representa un factor de riesgo para los habitantes de esas mismas zonas. Más aún en temporadas de lluvia, como sucede durante febrero.
La tragedia que dejó el aluvión el lunes 31 de enero ocurrió porque un colector, ubicado en la quebrada de El Tejado, colapsó por la gran cantidad de agua y escombros, producto de la intensa lluvia. La situación afectó al sector de La Gasca, dijo el concejal de Quito, René Bedón, miembro de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
Al factor climático se suman otros, que aumentan los riesgos de desastres. “Han existido, por falta de control del Municipio, asentamientos humanos que van deforestando y generando este tipo de escorrentías (proceso físico que consiste en el escurrimiento del agua de lluvia)”, según Bedón.
La Ordenanza municipal 446, aprobada en el 2012, constituyó el Sistema de Parques Metropolitanos en el Área natural de Intervención Especial y Recuperación (AIER), de las laderas del volcán Pichincha y del cerro Atacazo. La resolución se estableció para evitar la construcción de inmuebles de propiedad pública, privada o comunitaria en esas zonas.
De acuerdo con la Ordenanza, la normativa se aplica a las áreas comprendidas desde la quebrada Pogyo Cucho, en el norte de Quito, hasta la quebrada Saguanchi en el sur. En total, es una extensión de 9 932 hectáreas, que incluyen al Sistema de Parques Metropolitanos Pichincha-Atacazo y seis parques más con un total de 1 115 ha: Rosa de los Andes, Bosque-Vista Hermosa, Pinar Alto, Atucucho, Norte Singuna y el parque Huayrapungo Chilibulo.
Bedón recuerda que durante la alcaldía de Paco Moncayo existía el Plan de Manejo Integral de Laderas del Eje Pichincha-Atacazo. La iniciativa planteaba la construcción de varios colectores y “necesitaban hacer expropiaciones”.
“¿Qué pasó con el proyecto laderas del Pichincha? Los costos son más altos que la prevención”, criticó el urbanista Fernando Carrión en un tuit.
Ese proyecto no está en vigencia, según informó el área de Comunicación de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps).
El Plan Laderas del Eje Pichincha surgió durante la gestión de Jamil Mahuad, en los años 90, pero Moncayo amplió el área de cobertura hasta las quebradas del centro y sur de Quito, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El sistema consistió “en trabajos de ingeniería que tienen como su corazón a represas (que se ubican al pie de las quebradas). Cuando baja un aluvión esas represas se llenan de lodo, piedras y palos. Pero no bajan a la ciudad. No obstante, si no se mantienen las obras, es como que no hubiese un freno para la furia del aluvión”, explicó el exalcalde Moncayo, quien gestionó la capital desde el 2000 al 2009.
El límite de las zonas urbanizables estaba definido, pero en la actualidad no hay control. Existe la posibilidad de aplicar programas de reasentamiento para familias que viven en zonas de riesgo. Sin embargo, la prevención es lo fundamental, sostiene el exburgomaestre.
La pérdida de vidas por el aluvión refleja el abandono de la ciudad, según Moncayo, por lo que sugiere una investigación para determinar si las represas estaban limpias, si hay o no deforestación y determinar responsabilidades.
Bedón adelantó que en el Concejo Metropolitano exigirá una explicación sobre el mantenimiento del colector por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamieto (Epmaps).
El arquitecto Juan Espinosa, quien laboró en la Epmaps hasta 2011, señala que el Plan tenía un carácter preventivo por el control de quebradas. Por otro lado, nota que hay otros sitios de Quito con “un crecimiento excesivo” de viviendas, como la Cima de la Libertad. El técnico sugiere intervenir y mitigar, “no esperar a que se produzca un deslave”.
Mientras tanto, la concejal Blanca Paucar, parte de la Comisión de Vivienda y Hábitat, solicitó a la Secretaría de Seguridad del Municipio que analice la situación de las víctimas del aluvión para una reubicación. “Hay vivienda en el Plan de relocalización, donde podrían ir las familias”, manifestó.
A decir de la edil, hay una falta de coordinación de la Alcaldía para responder de manera inmediata a los efectos del aluvión y que no se ha considerado la propuesta de ubicar a guardabosques en sitios identificados con tendencia a deslaves.
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