Quito y la Sierra registrarán días con fuerte sol
Colombia analiza posibles contactos de español con v…
Desfile por el Bicentenario se suspendió en Quito
Migrante ecuatoriano resulta herido en choque de cam…
El euro sube al máximo desde abril por declaración d…
Boric y activistas proaborto en Colombia, entre 100 …
El emperador Naruhito de Japón recibe a Biden durant…
El 40% de casos de hipertensión no controlada deriva…

Gobierno entregó a la Asamblea el proyecto de Ley de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública

La ministra de Gobierno Alexandra Vela llegó acompañada de asesores a la Asamblea Nacional. Foto: Cortesía

El Gobierno presentó la tarde de este martes 25 de enero de 2022 a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. 

Entre los principales aspectos, la ley faculta el uso progresivo de la fuerza a los agentes policiales y propone mecanismos legales para protegerlos. El cuerpo legal tiene 24 páginas con 46 artículos que están divididos en un título preliminar y siete títulos, dos disposiciones generales y dos transitorias. 

Aproximadamente a las 18:00 de hoy, 25 de enero la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y el secretario Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, acudieron a la Asamblea para entregar el cuerpo legal en Gestión Documental. 

Una hora antes, la Secretaría de Comunicación informó que el presidente Guillermo Lasso firmó el proyecto de Ley que será presentado a la Asamblea, “con el fin de fortalecer la labor de la fuerza pública”.

El proyecto de Ley incluye un eje sobre el uso progresivo de la fuerza, un tema que ha sido cuestionado por organismos de derechos humanos que temen que la norma pueda amparar abusos de las fuerzas del orden. 

Asimismo, la normativa incluye otro eje sobre la cooperación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad ciudadana y mecanismos de defensa legal para proteger a los agentes del orden “cuando realizan una intervención para garantizar la seguridad de los ciudadanos”. 

Además, el proyecto propone un conjunto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el objetivo de solucionar vacíos y contradicciones que impiden realizar el trabajo respectivo a las fuerzas del orden. 

También supone un conjunto de normas para “garantizar una mejor administración” de los centros carcelarios del país, presionados por una crisis de hacinamiento y falta de recursos, agravada por frecuentes reyertas entre bandas de reos que han intentado tomar el control de las prisiones. 

Roberto Andrade, asesor jurídico de la Presidencia, dijo que el objetivo de la norma es fortalecer al Ministerio de Gobierno en la tarea de brindar patrocinio legal a los agentes que se vean involucrados en procesos judiciales por el ejercicio de su cargo. 

Andrade explicó que, al tenor del proyecto legal, el Ministerio de Gobierno sería la entidad que provea de los recursos, “ya sea para asignarle un abogado” o “para que el servidor policial pueda elegir un abogado de su confianza”. 

“Que los servidores policiales sepan que, si actúan bien, siguiendo los criterios legales y constitucionales, tendrán todo el respaldo del Estado ecuatoriano para salir bien librados“, recalcó. 

En ello coincidió el presidente Guillermo Lasso quien esta mañana insistió en el apoyo de su Gobierno a las fuerzas del orden, durante una reunión mantenida con el policía Santiago Olmedo, sentenciado la semana anterior a más de tres años de prisión por abatir a dos presuntos delincuentes y acusado de extralimitarse en el uso de la fuerza. 

El mandatario ofreció a Olmedo asesoría legal para la siguiente etapa de apelación a su sentencia ante un tribunal de justicia. 

“Somos respetuosos de la institucionalidad de la justicia, pero no por ello vamos a dejar de expresar nuestro respaldo” a los policías, remarcó el jefe del Estado. 

En mayo de 2021, la Corte Constitucional, el máximo organismo legal de Ecuador, declaró la inconstitucionalidad de un reglamento que el Ejecutivo había emitido sobre el uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza. 

Ese alto tribunal argumentó su decisión en las consecuencias que podría generar el reglamento en el ejercicio de los derechos a la vida e integridad de las personas. 

Vela pide celeridad a la Asamblea 

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, reiteró a la Asamblea que trate y apruebe en 30 días el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública, que el Ejecutivo entregó la tarde del 25 de noviembre de 2022.

La funcionaria se refirió a la inseguridad como el problema fundamental que enfrenta el país para pedir a la Asamblea “el respaldo oportuno y la agilidad necesaria en todas las instancias del tratamiento de la ley, desde el CAL (Consejo de Administración Legislativa) hasta la aprobación en la Comisión (de Relaciones Internacionales y Seguridad).  

“De manera que, en este caso, tratemos este proyecto de ley en la misma forma en que trataríamos un proyecto de ley económico urgente. Y que el Gobierno y Asamblea seamos capaces de darle a la ciudadanía el marco legal indispensable en el lapso de los próximos 30 días”, sostuvo Vela. 

El cuerpo legal presentado por el Gobierno contiene estadísticas de la Policía que reflejan la situación de inseguridad en el país. Por ejemplo, en 2021 la tasa anual de homicidios fue del 14,06 % con 2 496 casos, cuando en 2020 el índice fue del 7,83 % con 1 371 asesinatos.  

En lo que va de enero de 2022 ya se cuentan 237 muertes violentas, mientras que en igual periodo de 2021 hubo 89. 

Estos son los ejes del proyecto:  

1.- El uso progresivo de la fuerza 

2.- Mecanismos de defensa para proteger a los miembros de la fuerza pública 

3.- Cooperación entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas 

4.- Reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para solucionar vacíos y contradicciones que complican el trabajo de la fuerza pública  

5.- Normas para garantizar la administración y control de los centros carcelarios en el país