Los contratos para solucionar los desahucios de migrantes en España dejan secuelas en dos dimensiones: una político-judicial y otra diplomática.
“Es un asunto que ha sido gestionado, despachado de manera protocolaria y diplomática”, dijo al respecto el canciller Mauricio Montalvo, el viernes 24 de septiembre del 2021 en radio Sonorama.
Aun así, el aspecto diplomático está enrarecido. El presidente de la República, Guillermo Lasso, y la Cancillería tendieron puentes ante esto. Lasso tenía previsto hablar en Nueva York con el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez. La agenda preveía dialogar sobre la situación bilateral, una vez que su embajador designado desistiera del nombramiento.
La reunión no se realizó porque Sánchez retrasó su llegada a la 76 Asamblea de la ONU, por la erupción volcánica en las Islas Canarias.
Ecuador sigue sin embajador en España. Esto, por las declaraciones de Pascual del Cioppo, el embajador designado, quien dijo que unos contratos de la Embajada servían para financiar a Podemos, tienda política española de izquierda que cogobierna con el PSE de Sánchez. Podemos tenía previsto querellar a Del Cioppo apenas llegara a Madrid, pero este dio un paso al costado.
Ya en la dimensión político judicial, OKDiario de Madrid ha realizado entregas en donde presume que desde el programa de la Embajada de Ecuador en España se desviaron a ese partido.
El coordinador de la bancada legislativa del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, presentó un requerimiento de la información de estos contratos a la Cancillería. Allí, según su análisis, al menos USD 10 millones se habrían utilizado para ayudar a los migrantes ecuatorianos con sus juicios para evitar desahucios (la ley española permite que los dueños de inmuebles que no paguen sus hipotecas, pierdan los bienes y los paguen completamente).
Los pagos se realizaron en tres tramos: la primera con Kinema, la cooperativa de lo que llegaría a ser el partido Podemos, entre 2012 y 2014; luego con Mi País Consultores hasta 2016; y con Intercom Iberoamérica hasta 2018. Para Torres, la inversión no logró resultados, pues aseguró que solo un 2% de casos tuvo éxito.
Aminta Buenaño, embajadora entre 2012 y 2014, declinó hablar. “Los documentos están en la Cancillería y todo es legal”, aclaró a este Diario.
Miguel Calahorrano, embajador entre 2014 y 2016, aseguró que “solo el hecho de que las familias tuvieran una asistencia legal gratuita ya podría ser calificado como un 100%”.
“Yo no tengo nada que ver con el primer gran contrato con Kinema. Esto es importante. En febrero del 2012 el partido Unidas Podemos no existía. Se legaliza en 2014 (…). El abogado Rafael Mayoral, quien lideraba la gestión jurídica de este servicio de atención masiva en asistencia legal a los ecuatorianos, cumplía un rol importante y no conocía que era militante de Podemos. Eso a nosotros no nos interesaba, eso es parte del libre albedrío”.
Según Calahorrano, Mayoral participó en las elecciones del 2015 por Podemos y se retiró del servicio. En marzo del 2016, hubo un concurso y se eligió a la nueva compañía. “En todo esto nunca tuvimos que ver con Podemos, de ahí que ese infundio, de que nosotros estábamos desviando dinero para pagos a Podemos no tiene un viso de probidad”.
Sobre el tercer tramo de los contratos, no fue posible contactar a Cristóbal Roldán, embajador de Ecuador en España, nombrado por Lenín Moreno. Roldán, en 2018, aseguró a EFE que el servicio legal para los migrantes continuaría en 19 ciudades de ese país.
El excanciller José Valencia de esa época le dijo a este Diario que la documentación del programa de asistencia legal en España debe estar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que es mejor dejar que “hablen los documentos”.
Sobre la continuidad de estas ayudas para los migrantes, el canciller Mauricio Montalvo dijo que “se está haciendo una evaluación para ver la mejor manera de dar la mejor atención a estos casos”.
De hecho, la Contraloría realizó un examen especial en 2018, cuyo resultado de borrador se leyó a los involucrados a finales del 2019 y que está a la espera de que sea publicada la versión final con los resultados de glosas y responsabilidades.
El canciller Montalvo aseguró el viernes que se pidió a la Contraloría que haga un nuevo examen especial.
