A cerca de USD 10 millones ascienden los contratos para asistencia psicosocial a migrantes ecuatorianos que fueron suscritos por la Embajada de Ecuador en Madrid con varias empresas españolas, entre ellas Kinema (cercana a Podemos), entre 2015 y 2021 y cuyos resultados están en duda.
Así lo reveló este lunes, 13 de septiembre de 2021, el asambleísta socialcristiano, Esteban Torres, con base a información proporcionada por la Cancillería ecuatoriana y que se compone de más de 5 000 hojas.
Torres pidió a la Contraloría General del Estado que realice una auditoría integral a estos contratos, y de ser el caso remita el expediente a la Fiscalía, al cuestionar los resultados de la ejecución en el marco de la crisis hipotecaria que afectó a muchos migrantes.
“¿Saben cuál fue la ayuda a los migrantes por el tema de hipotecas? El 2% de éxito. 98 de cada 100 casos se perdían. No tenían un éxito para los migrantes”, afirmó en una rueda de prensa.
Sostuvo que se trataba de empresas con problemas legales y tributarios que no tenían ningún tipo de infraestructura para soportar estos servicios y cuestionó que tampoco se haya llamado a un concurso público.
“Evidentemente un diputado actual de Podemos no solo tuvo vinculaciones conocidas con Kinema sociedad cooperativa, sino que incluso en los contratos se adjunta su hoja de vida como el principal experto en la materia para dar el servicio jurídico”, refirió.
Torres apuntó que a los entes de control les corresponderá determinar un posible desvío de fondos a partidos políticos. “Desde el 2012 han existido tres embajadores, incluído el último que estuvo con el expresidente Moreno”, acotó.
En el caso de Kinema, precisó que desde 2012 al 2016 por temas de asesoría hipotecaria se le entregó 2,6 millones de euros y no 400 000 como reveló un medio español.
Agregó que esa firma en 2015 recibió 105 000 euros solo por concepto de ayuda psicosocial a los migrantes y luego el contrato pasó a otra fundación: Mi País Consultores.
“Los contratos totales no solo con Kinema superan los 7,5 millones de euros, más de 10 millones de dólares en supuestas asesorías a migrantes ecuatorianos y apoyo sicológico”, manifestó.
Cuestionó que la empresa Intercom Iberoamérica, que tiene a Walter Jaramillo Mena como único accionista, recibiera más de 4 millones de euros en contratos.
Se trata de “un migrante que llegó en el 2000 a España que no es abogado, que nunca tuvo experiencia jurídica en el tema, al que le fueron canceladas incluso licencias que tenía una agencia de viajes”, refirió.