El juicio político en Ecuador es un mecanismo de control que la Asamblea Nacional ejerce sobre las funciones Ejecutiva, Electoral, de Transparencia y Control Social, entre otras. Este proceso está destinado a censurar y eventualmente destituir a altos funcionarios del Estado que incumplan con sus funciones o cometan actos de corrupción.
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En lo que va de 2024, la Asamblea Nacional ha censurado a tres exautoridades. Debido a la crisis energética que vive el país, la exministra de Energía, Andrea Arrobo, fue llamada a un nuevo juicio político que será tratado en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
Otro de los juicios políticos que avanza desde el pasado 6 de mayo es el del exministro del Interior, Juan Zapata. Sobre este caso, la Comisión de Fiscalización lo juzgará en rebeldía. Según la Comisión, esto se realizaría, ya que no presentó ninguna prueba en el período de 15 días que tenía para rebatir las acusaciones.
El juicio político en Ecuador está fundamentado en la Constitución del país y regulado por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Puede ser iniciado contra funcionarios como el Presidente de la República, ministros de Estado, miembros de la Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia, Consejo Nacional Electoral, entre otros.
Proceso para el inicio del juicio político
El proceso comienza con la presentación de una solicitud por parte de al menos un tercio de los miembros de la Asamblea Nacional. La solicitud debe incluir las pruebas de la infracción cometida por el funcionario. Una vez admitida la solicitud, se procede a la fase de investigación, durante la cual se recaban más pruebas y se permite la defensa del acusado.
Posteriormente, el proceso entra en debate en el Pleno de la Asamblea. Para que el juicio político culmine con la destitución del funcionario, se requiere una mayoría calificada de dos tercios de los asambleístas presentes. Si se alcanza esta mayoría, el funcionario es destituido de su cargo y podría enfrentar otras sanciones legales, dependiendo de la gravedad del caso.
Este mecanismo busca asegurar la transparencia y la correcta administración pública, permitiendo que los representantes elegidos por el pueblo puedan exigir cuentas a aquellos en posiciones de alta responsabilidad. La implementación del juicio político es una muestra de la democracia en acción en Ecuador, evidenciando la importancia de la separación de poderes y el Estado de derecho.
Últimos juicios políticos en la Asamblea Nacional
Juicio político contra el exministro de Inclusión Económica Social – enero 2024
El Pleno de la Asamblea el pasado 25 de enero de 2024, llevó a cabo la censura del exministro, Esteban Bernal, con 100 votos a favor. La decisión se basó en acusaciones de incumplimiento de funciones. Específicamente por la exclusión de más de un centenar de personas vulnerables del Bono de Desarrollo Humano sin notificaciones previas.
En respuesta, Esteban Bernal explicó que durante su administración se retiró a 289 mil personas de los programas de ayuda debido a cambios en su situación económica que las posicionaban sobre la línea de pobreza, según evaluaciones técnicas. Asimismo, indicó que su gestión logró incluir a 314 mil nuevos beneficiarios en el registro social.
Juicio político contra vocal de la Judicatura Fausto Murillo y el exvocal Juan José Morillo – febrero 2024
La Asamblea Nacional de Ecuador inició un juicio político contra Fausto Murillo y Juan José Morillo, vinculados al Consejo de la Judicatura, por alegato de incumplimiento de funciones. Durante el juicio, se presentaron evidencias de intentos de influencia en decisiones judiciales y desatención a problemas administrativos dentro del CJ.
La sesión, que duró cerca de 12 horas, terminó con una suspensión y la programación de su continuación. En este proceso se evidenciaron divisiones entre los asambleístas y una defensa firme por parte de los acusados, quienes cuestionaron la validez y motivaciones detrás del proceso.
El Pleno de la Asamblea Nacional votó por la censura y destitución de Fausto Murillo Fierro, miembro del Consejo de la Judicatura, y también censuró a Juan José Morillo, exvocal del mismo consejo.
Ambos fueron encontrados culpables de no cumplir con sus funciones conforme lo dictan la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La votación resultó en 102 votos afirmativos, cumpliendo con los requisitos de los artículos 131 de la Constitución y 85 de la LOFL, que regulan estos procedimientos.
Juicio político contra el exministro de Energía, Fernando Santo – abril 2024
El Pleno de la Asamblea Nacional censuró el pasado 30 de abril de 2024 al exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Una de las causas por lo que se lo acusó fue de ser uno de los principales responsables de la crisis energética.
Con 95 votos a favor y 24 abstenciones, el Pleno decidió censurar a Santos Alvite.
Después de la presentación, varias organizaciones políticas, se solicitó que el caso en contra de Santos sea transferido a la Fiscalía. Además de ser remitido a la Contraloría para un escrutinio exhaustivo.