La desclasificación de documentos del Cosepe, solicitada durante seis años por los familiares de las víctimas y los defensores de los derechos humanos, abre nuevas posibilidades para esclarecer los eventos que llevaron al trágico desenlace de Paul Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega, en el caso #NosFaltan3.
Más noticias
El Gobierno entregó este jueves 9 de mayo de 2024 un total de 39 hojas y un CD con audios de tres sesiones del Cosepe, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que es la máxima entidad nacional en temas de seguridad. Los afectados esperan encontrar datos que ayuden a resolver los detalles del secuestro y del posterior asesinato de Rivas, Ortega y Segarra.
El 4 de abril de 2024, la Corte Constitucional estableció que el Estado debe entregar esos documentos. Lo que ocurrió este jueves, justo en el límite del tiempo establecido por la Corte.
Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, uno de los periodistas fallecidos, destacó en Voces Ec la trascendencia de esta decisión judicial y su potencial para revelar la verdad detrás del secuestro y asesinato ocurrido en 2018 en el caso #NosFaltan3.
Por una parte, el equipo legal de los familiares del equipo periodístico plantean sanciones para quienes declararon secretos los documentos del Cosepe; y por otra, seguir encontrando elementos que lleven a la Fiscalía a finalizar la indagación previa del secuestro y asesinato, así como acciones en instancias internacionales.
Un llamado a la transparencia y la justicia
Ricardo Rivas enfatiza la necesidad de que las instituciones gubernamentales cumplan con su deber de proporcionar acceso a la información relevante para casos de violaciones de derechos humanos.
Este paso hacia la verdad también plantea interrogantes sobre el papel de las administraciones anteriores en el bloqueo de información clave relacionada con el caso. La falta de cooperación por parte de los gobiernos anteriores, según Rivas, sugiere una posible complicidad en la obstrucción de la justicia y la protección de intereses ocultos.
“Se puede ver justamente que el acceso a la información fue bloqueado por parte de dos gobiernos, de (Lenín) Moreno y del expresidente (Guillermo) Lasso. Cada uno emitió un informe a través de su secretaría de seguridad pública que no se puede desclasificar. O sea, se bloqueó el acceso a la información y ahí nace vulneración a los derechos”, dijo Rivas.
Ahora, los documentos van al análisis del equipo legal de los familiares del equipo periodístico asesinado.
El caso de Nos Faltan 3
El 26 de marzo de 2018, Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, del diario EL COMERCIO, fueron secuestrados en la frontera entre Ecuador y Colombia. El grupo disidente de las FARC, Olivier Sinistierra, liderado por alias “Guacho”, fue señalado como responsable.
Tras el secuestro, el 12 de abril se difundió un video confirmando su muerte. La noticia desató la indignación nacional e internacional. Ecuador emprendió una búsqueda intensiva con ayuda colombiana. El 13 de junio, se confirmó el fallecimiento de los periodistas.
El Gobierno ecuatoriano declaró luto nacional y prometió esfuerzos para capturar a los culpables. Se realizaron operativos militares en la zona limítrofe. En mayo de 2019, el presidente Lenín Moreno confirmó la muerte de “Guacho” en un operativo militar.
El caso evidenció la vulnerabilidad de los periodistas en zonas de conflicto y la complejidad de la lucha contra el narcotráfico en la región.