El expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, llegó a la Corte Nacional de Justicia este jueves 25 de julio de 2024 para la reinstalación de la audiencia por el habeas corpus que presentó. El tribunal encargado del caso está integrado por Ximena Velasteguí, María Terán e Hipatia Ortiz.
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Terán, aunque insiste en ejercer su propia defensa, estuvo acompañado por su padre, también abogado, y su defensor Jorge Haz.
Argumentos de Wilman Terán
En la primera audiencia, realizada el sábado 20 de julio, Terán expuso que su vida e integridad están en peligro en la cárcel de La Roca. Aseguró que, durante un operativo policial el 18 de julio, la Policía supuestamente usó gas lacrimógeno.
Declaró que se desmayó tres veces, no podía respirar y sentía un dolor agudo en el pecho y brazo izquierdo. Solicitó que se llame a declarar a sus vecinos de celdas y que se le realice una valoración médica completa.
Acciones y declaraciones de la defensa de Terán
Por parte de los demandados (accionados), se encuentran los procuradores del SNAI, del Ministerio de Salud y de la Policía. El tribunal suspendió la audiencia por una hora para que las partes procesales verifiquen las pruebas presentadas, entre ellas informes médicos, psicológicos y psiquiátricos.
El abogado Jorge Haz afirmó que Wilman Terán ha sufrido maltratos y condiciones inhumanas en el SNAI. Según Haz, fuerzas de seguridad ingresaron al centro penitenciario durante la noche para intimidar a los reos.
Haz presentó videos y testimonios como pruebas de estas acusaciones. Los jueces constitucionales solicitó estas pruebas, pero el Estado aún no las ha presentado. La defensa de Terán considera que estas acciones violan los derechos humanos de Terán y exige que el Estado responda.
Además, solicitó medidas de protección para garantizar la integridad de su cliente.
Testigos de Wilman Terán
Wilman Terán presentó tres testimonios en la Corte que son personas privadas de la libertad en ‘La Roca’, destacando incidentes ocurridos la noche del 18 de julio en el centro de privación de libertad Guayas.
El primer testimonio de Jordan Darío O. C. detalló cómo un grupo de la Marina ingresó al pabellón, arrojando gas y golpeando a los internos. Ochoa relató que los militares dispararon gas a presión y atacaron a los detenidos, incluyendo a Wilman, quien sufrió agresiones físicas y la rotura de sus lentes.
El segundo testimonio, de William A. Q., corroboró la violencia ejercida por la Marina. Alcívar, afectado por el gas lacrimógeno, tuvo que ser asistido por sus compañeros debido a su condición de salud. Describió cómo los militares dispararon balas de goma y gases dentro de las celdas, afectando gravemente a los internos.
Afirmó que la directora del centro no había ordenado dicha intervención y que los paramédicos militares brindaron primeros auxilios a los afectados.
El tercer testimonio, de Kevin Romario B. L., añadió detalles sobre la brutalidad del operativo. Kevin explicó que los militares arrojaron gas dentro de las celdas y dispararon balas de goma, provocando que varios internos se desmayaran y otros resultaran heridos. Betancourt y otros internos golpearon las puertas y gritaron para pedir ayuda, logrando que algunos compañeros fueran evacuados por los paramédicos.
Posterior a estos testimonios, Wilman Terán pidió suspender la audiencia ya que se sentía mal luego de recordar los incidentes ocurridos el pasado 18 de julio. la jueza Ximena Velastegui aceptó esta solicitud, dando un receso de 10 minutos para que Terán pueda ser atendido cerca de las 12:20.
Defensa de Wilman Terán en la Corte
Wilman Terán, actuando como su propio defensor, inició su intervención resaltando la falta de evidencia concreta en los documentos presentados. Según él, los certificados médicos se basan únicamente en declaraciones del paciente y no en observaciones objetivas realizadas por los profesionales de salud. Además, subrayó que los informes no contienen pruebas directas de lesiones atribuibles a los eventos descritos.
Terán también destacó que los registros médicos indican que él estaba hemodinámicamente estable al momento de la evaluación. Según el informe, el paciente no mostró signos de malestar o lesiones que pudieran relacionarse con los supuestos actos de violencia mencionados. Esta estabilidad se mantuvo incluso después del incidente, lo cual contradice las acusaciones de maltrato.
En su defensa, Terán enfatizó la importancia de la procedencia y autenticidad de los documentos presentados. Mencionó que algunos informes fueron elaborados por instituciones que no tienen la competencia exclusiva en materia de salud de los privados de libertad, como es el caso del Ministerio de Salud Pública. Esta irregularidad pone en duda la validez de las pruebas presentadas en su contra.
Por otra parte, cuestionó la congruencia de los números de personal militar reportados en diferentes documentos. Según los informes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la cantidad de militares presentes durante el operativo no coincide con los registros de la Policía Nacional. Esta inconsistencia sugiere posibles errores o manipulaciones en la documentación oficial.
Finalmente, Terán argumentó que, según el informe militar, las medidas tomadas fueron de carácter preventivo y no resultaron en daños físicos a los detenidos. Los dispositivos utilizados, como las marcadoras de caucho, están diseñados para minimizar el riesgo de lesiones. Además, después de la intervención, todos los detenidos fueron evaluados y se confirmó que se encontraban en buen estado de salud, sin necesidad de atención médica adicional.
Problemas con los videos del SNAI
Durante la presentación de dos videos que formaban parte de la evidencia, se observó que eran cámaras que no proporcionaban información relevante sobre los supuestos hechos que relató Terán. Las filmaciones son de la entrada a la cárcel y otra antes de ingresar a las celdas.
Por esta razón, la jueza Velastegui solicitó al SNAI que hasta las 20:00 de hoy, jueves 25 de julio de 2023 se entreguen videos de las cámaras que muestran las celdas. Sin embargo, desde el SNAI se informó que esta solicitud no se puede cumplir, ya que les tomaría como mínimo 4 días para obtener estos videos.
Finalmente, las juezas aceptaron parcialmente la solicitud de Terán: ordenaron al SNAI que entregue los videos con cadena de custodia, pero sin la intervención de un perito. La entidad tiene hasta el domingo 28 de julio para cumplir con esto.