Borrador sugiere que Lasso mantiene acciones en paraísos fiscales

El borrador del informe sobre el caso 'Pandora Papers', que está a cargo de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, concluye que el presidente Guillermo Lasso incumplió con la Ley que prohíbe a funcionarios públicos o candidatos a elección popular tener inversiones en paraísos fiscales.

El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, José Cabascango (Pachakutik), envió el texto de 205 páginas -elaborado por los asesores- con el carácter de confidencial a los integrantes de esta mesa parlamentaria, a quienes convocó para conocer y aprobar el documento este viernes 5 de noviembre de 2021, a las 8:00.

"La posibilidad que el Presidente Guillermo Lasso Mendoza esté incurso en la prohibición establecida en el artículo 4 de la Ley Orgánica  para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017, y también incurso en la inhabilidad establecida en el artículo 7 de la referida ley para las elecciones generales del año 2021 (...), determinan un escenario de crisis de gobernabilidad", dice el borrador en su parte fundamental.

Agrega que "en ese contexto el Presidente de la República no tendría margen de maniobra para llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo y su credibilidad social se desplomaría, al tiempo que genera en la sociedad un ambiente de frustración, conflicto social y vergüenza colectiva, lo que generaría un escenario de conmoción social porque altera de forma radical las coordenadas éticas y deontológicas del sistema político, y posibilita la amplia de las instituciones".

"En un contexto de esa magnitud, la Asamblea Nacional tiene la obligación de restaurar la paz social y garantizar la continuidad de las instituciones bajo las normas éticas y jurídicas consagradas en la Constitución y la ley, a través de decisiones apegadas al ordenamiento constitucional", concluye.

Sostiene que "con base a la información recabada y a la documentación remitida a la Comisión se pudo establecer que hay una vinculación directa entre el señor presidente de la República Guillermo Lasso Mendoza como accionista mayoritario de la Corporación MULTIBG con el Grupo financiero Banco de Guayaquil que, además, actúa como entidad controladora y que agrupa a las empresas: administradora de fondos BG, Casa de valores Multivalores BG y COLARI S.A., BANISI y BANISI HOLDING domiciliadas en Panamá, entre otras".

Para aprobar el texto se requiere de una mayoría de al menos cinco votos en la Comisión. La mesa está compuesta por cuatro asambleístas de Pachakutik, tres del correísmo y dos aliados del oficialismo.

Descargos del Presidente

Cuando arrancó esta investigación, el presidente Lasso envió un oficio a la Asamblea en el que aseguró haber cumplido con la ley y que, además, solicitó a la Contraloría -como organismo competente para este control- que realice un examen especial a sus cuentas.

Además, con fecha 3 de noviembre de 2021 Eduardo Carmigniani, procurador judicial de Lasso, remitió una carta al presidente de la Comisión, José Cabascango. Allí se refiere a un oficio emitido el lunes pasado por la Superintendencia de Bancos de Panamá,  dónde se precisa que esta entidad autorizó, el 10 de septiembre de 2020, "el traspaso del 47.27% de las acciones emitidas y en circulación de BANISI HOLDING S.A... a favor de BANISI INTERNACIONAL FOUNDATION".

"Dicha resolución fue notificada... el 10 de septiembre de 2020, y conforme lo establecido por el artículo 224 de la Ley Bancaria, quedó ejecutoriada y en firme para todos los efectos de esta Superintendencia, luego de transcurridos los cinco días hábiles de su notificación", resaltó.

De este modo, según Carmigniani, "queda tajantemente desvirtuada la maliciosa insinuación que se ha hecho públicamente, en el sentido de que la referida autorización, expedida y notificada el 10 de septiembre de 2020 recién habría surtido efectos legales con su publicación en la Gaceta Oficial de Panamá, el 19 de octubre de 2020".

La respuesta alude a unas acusaciones presentadas ante la Comisión por la asambleísta del correísmo Mónica Palacios y que se recogen en el borrador del informe. Allí también se alude a una sentencia de la Corte Constitucional que terminó en la destitución del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y se lo compara con un proceso de control político a Lasso.

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