La bancada del correísmo en la Asamblea aseguró que el presidente Guillermo Lasso no cumplió disposición que, desde 2017, prohíbe a los funcionarios públicos o candidatos a elección popular tener inversiones en paraísos fiscales.
Para sustentar sus acusaciones, la asambleísta Mónica Palacios aseguró que entregará documentos notarizados obtenidos en Panamá a la Comisión de Garantías Constitucionales, que investiga el caso Pandora Papers. Lo hizo este lunes 25 de octubre de 2021 acompañada de sus coidearios, en una rueda de prensa.
Según Palacios, “existen elementos de presunción de los delitos de perjurio e incumplimiento del Pacto Ético”, pues sostuvo que Lasso habría “falseado información” de su declaración juramentada para ser candidato a la Presidencia de la República el año pasado.
Aseguró que en la Gaceta oficial de Panamá consta que Lasso hizo transferencias de inversiones a sus hijos, a través de una nueva empresa offshore llamada Banisi International Foundation, el 19 de octubre de 2020.
“Eso quiere decir que el presidente Guillermo Lasso, un mes antes, inscribió su candidatura para ser Presidente de la República, violando la ley del Pacto Ético de la consulta popular”, anotó.
En otra rueda de prensa, Salvador Quishpe, asambleísta de Pachakutik, dijo que entregará a la Comisión de Garantías Constitucionales un informe de auditores independientes hecho en 2020 sobre las acciones de Lasso en Banisi Bank.
“La pregunta es: ¿por qué no se incluyó en la declaración patrimonial de bienes al inicio de la gestión del señor Presidente de la República, sus acciones, sus propiedades Banisi Bank en Panamá, un paraíso fiscal?”, increpó Quishpe.
Los ‘Pandora Papers’ son una nueva filtración de archivos, entregados hace casi dos años al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Allí consta el nombre de Guillermo Lasso.
Según esa investigación, Lasso habría controlado 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró luego de que el gobierno de Rafael Correa aprobara una ley que prohibía a los candidatos presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.
“Al crearse la ley del 2017 que impide a candidatos tener inversiones en el exterior, me deshice automáticamente de las empresas, de manera fulminante, sin ningún tipo de protestas, demora u objeción”, dijo Guillermo Lasso en su momento.