La comisión ocasional de la Asamblea Nacional, encargada de elaborar la propuesta de Ley para el incremento de penas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), definió 48 horas para analizar las observaciones hechas en el Pleno.
La propuesta se consolidó para dar paso al mandato de los ecuatorianos en la consulta popular y referendo 2024, proceso impulsado por el presidente Daniel Noboa.
El plazo empezó a correr desde el mediodía de este 2 de julio de 2024, luego de que el informe de la delegación llegó al segundo debate en el Legislativo. Hubo posturas a favor y cuestionamientos.
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El siguiente paso para el alza de penas en el COIP
A las 14:00 de este miércoles, 3 de julio de 2024, la delegación, cuyo presidente es Carlos Vera, tiene previsto reunirse y analizar las observaciones. Por ejemplo, que el incremento de penas debe considerar estándares proporcionales.
Los resultados irán nuevamente al Pleno del Legislativo para la votación correspondiente. Aunque, aún no se conoce la fecha. Daniel Noboa, como en cualquier Ley, puede optar por el veto.
La propuesta de la comisión ocasional incluye 24 artículos, 16 de los cuales reforman el COIP. El resto modifica la Ley de Extinción de Dominio.
Daniel Noboa pudo evitar un paso
Pablo Encalada, abogado penalista y docente universitario, explicó que Daniel Noboa podía evitar procesos en la Asamblea.
“El Presidente no envió los textos de las reformas en la consulta, pudiendo hacerlo, y eso es lo que hoy lo tiene en problemas, porque la Asamblea puede revisar su proyecto de ley”.
Por supuesto, dejó claro Encalada, la Asamblea Nacional debe cumplir el mandato popular. No obstante, hay varias reformas “desproporcionales” que terminan afectando la lógica del COIP.
Según Encalada, la propuesta llega, incluso, al “absurdo” de sancionar con mayor pena la tenencia de armas que el homicidio. La Asamblea tiene que aprobar los aumentos de pena de manera técnica y no de forma arbitraria, como propone el presidente Daniel Noboa en algunos casos.
Noboa, justamente, envió una propuesta a la Asamblea que contempla los rangos para los incrementos de las penas.
Los comparativos entre las penas actuales y las propuestas
Carlos Vera, a la par de condenar la violencia que se vive en Ecuador, ratificó la necesidad de acciones y de aprobar el incremento de penas.
El legislador aseguró que la propuesta se realizó con responsabilidad, en función del aumento de delitos en el país y, a la par, evaluaron la propuesta de Daniel Noboa.
Él expuso un cuadro comparativo sobre las penas actuales, las sugeridas por Noboa y las de la comisión.
Así, por ejemplo, la pena actual para la trata de personas, sin agravantes, es de 13 a 16 años y tanto en la propuesta de Daniel Noboa como de la comisión, se contemplan de 16 a 19.
En lo que se refiere a sicariato: actualmente la pena es de 22 a 26 años, y los planteamientos son de 26 a 30, desde ambas parte. El secuestro extorsivo, en cambio, va de 10 a 13 años, y de 13 a 16.
Los argumentos de la comisión de la Asamblea
La asambleísta Lucía Posso, integrante de la comisión ocasional, mencionó que, de la mano del aumento de las penas, debe tratarse la reestructuración del sistema carcelario.
Entre los sustentos de los aumentos de penas están que, en 2023, las provincias de Los Ríos, Guayas, El Oro, Manabí y Esmeraldas fueron las más violentas. Estas concentraron el 83% de todas las muertes violentas en Ecuador.
En 2024, la criminalidad se extendió a otros puntos del país, como Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Azuay.
¿Las reformas al COIP han dado resultado?
El penalista Pablo Encalada recordó que esta no es la primera vez que se reforma el COIP. De hecho, desde la aprobación de la norma, en el 2014, ha experimentado, al menos, dos cambios por año. El resultado: inseguridad jurídica.
Para Encalada, los continuos cambios dan cuenta de medidas populistas, que no han sido efectivas en la reducción de la inseguridad.
La propia fiscal Diana Salazar ha señalado que pese al aumento de las penas, el índice de criminalidad no ha bajado y que se debe a que hay otros factores. Planteó que un hecho poco grave no se puede castigar igual que otro más grave.
Aunque, en la propuesta que volvió a la comisión ocasional, se establece que debe existir relación coherente entre el grado de vulneración de un derecho y la gravedad de la pena.
Según el informe de la comisión ocasional, en el 2023, hubo una persona víctima de homicidio cada 69 minutos. La Policía Nacional reportó que en ese año se registraron 7 592 muertes violentas, más de 40 fallecidos por cada 100 000 habitantes.
El aumento fue de un 64,9% respecto de las 4 603 casos recopilados en el 2022.
Otros puntos de la propuesta que trata la comisión ocasional
En el artículo 3, se plantea la reforma al número 4 del artículo 16: “Serán imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, las infracciones de graves violaciones a los derechos humanos, delitos contra el derecho internacional humanitario, asesinato, femicidio, sicariato, secuestro, secuestro extorsivo, delitos contra la integridad y libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niñas, niños y adolescentes…”.