La consulta popular es una posibilidad que cada vez se discute más dentro del Gobierno.
La semana anterior, al hacer un balance de los retos de su administración, el presidente Guillermo Lasso no descartó consultar directamente a la ciudadanía, si sus iniciativas legislativas encuentran obstáculos en la Asamblea.
Legisladores de Pachakutik, el correísmo y hasta del Partido Social Cristiano han anunciado que no darán los votos para la aprobación de la Proforma presupuestaria 2021, hecho que pudiese servir de termómetro sobre la dificultad del oficialismo para lograr consensos con las bancadas del Parlamento Nacional.
En el texto Carpintería Democrática, que recoge seminarios internacionales sobre democracia en América Latina, se plantea que se debe entender a las consultas populares ecuatorianas ligadas a su contexto inmediato de fuerzas. En esos procesos hay variables que inciden, como la aceptación de los mandatarios, los temas a consultar, entre otras.
“Las consultas en un país como el nuestro se convierten en un plebiscito a favor o en contra del Gobierno en relación con el contexto”, señala la publicación. Según el presidente Lasso, actualmente goza del 74% de aceptación. Su carta de presentación, por el momento, es el plan de vacunación contra el coronavirus.
A mediados de julio, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, fue la primera en sugerir la posibilidad de la consulta popular, si no logran respaldo para su plan de trabajo en el Legislativo. Aun así, reitera la predisposición para lograr “acuerdos institucionales”.
Las consultas tempranas tienen un par de antecedentes. Dos exmandatarios que antecedieron a Guillermo Lasso convocaron a consultas populares en su primer año.
En abril del 2007, tres meses después de que el expresidente Rafael Correa iniciara funciones, la ciudadanía fue a las urnas para aprobar la instalación de una Asamblea Constituyente. En la década que gobernó, hubo otros tres procesos de democracia directa.
Nueve meses después de que el expresidente Lenín Moreno se instalara en el Palacio de Carondelet, se efectuó la última consulta popular y referendo de ámbito nacional. El 4 de febrero del 2018 se consultó sobre siete preguntas, entre ellas, la eliminación de la reelección indefinida, así como la evaluación del desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana. Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), para ese proceso se utilizó un presupuesto de USD 48,2 millones.
El analista político Max Donoso Muller no descarta que el anuncio de la consulta popular sea un mecanismo de presión para que la Asamblea se allane a los proyectos del Ejecutivo, aunque reconoce que lo ve “bastante complicado”.
Estima que es más conveniente para el Gobierno dar ese paso ahora “antes de que empiece a bajar la popularidad” de Lasso. La opción de democracia directa se debería centrar en temas específicos, como las reformas laborales, que a su criterio “no van a pasar con esta Asamblea”.
Si bien menciona que la popularidad de los actores políticos es clave, no siempre eso garantiza un buen resultado. Recordó lo que ocurrió con la eliminación de la reelección indefinida, pese al nicho del voto duro del correísmo.
En el siglo anterior, también hubo reveses de expresidentes. Por ejemplo, León Febres Cordero, en 1986, perdió un plebiscito. Años más tarde, tuvo la misma suerte el expresidente Sixto Durán Ballén.
El docente y politólogo Arturo Moscoso cree que, por ahora, el Gobierno no ha sido lo suficientemente claro en establecer qué pretendería hacer con una eventual consulta popular. “Todavía no queda claro cómo la consulta popular va a evitar ese bloqueo en la Asamblea, o si solo es un ejercicio de presión. ¿Va a consultar sobre aprobación de leyes?”.
El experto reconoce que con el capital político que acumuló Lasso podría obtener un resultado favorable si va por la democracia directa. El mismo presidente Lasso, al ser abordado por este Diario la semana pasada, se mostró confiado en que si va a consulta, la gana.
Aunque recuerda que esos niveles de aceptación pueden cambiar, ya que organizar una consulta popular podría demorar de tres a seis meses.
Otro mecanismo más directo, a criterio de Moscoso, sería la muerte cruzada, aunque la ministra Vela aseguró a este Diario que esa opción no está en el radar del Gobierno.