En abril del 2021, un mes antes de que el Presidente Guillermo Lasso asuma su mandato, analistas como Santiago Basabe, en entrevista para este Diario, dejaba ver que ciertas decisiones en el eje de austeridad le aquejarían en un cortísimo plazo.
Y así sucedió. Después de terminar su plan de vacunación de 9 millones de ecuatorianos en 100 días, en octubre, el Régimen tuvo sus primeras manifestaciones colectivas.
Estas se convocaron por grupos indígenas y sociales, encabezados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), por la fijación del precio de los combustibles.
Una estrategia del Gobierno fue no aceptar un diálogo con todos los sectores sociales, aglutinados en el llamado Parlamento de los Pueblos, pero encabezado por la Conaie. Así, el Ejecutivo logró atomizar ese intento e instauró varias mesas y por separado con el FUT, la Fenocín y la Conaie. Con esta última organización se sentaron un salón de Carondelet el 4 de octubre, tras lo cual hubo un alejamiento.
Ante ese panorama, el Gobierno concedió el hecho de un diálogo con varias organizaciones (Feine, Fenocín y Frente Popular) y la Conaie. Pero no dio pie a que fuera con el escrutinio de los medios de comunicación. Hubo una tregua de declaraciones de lado y lado y, finalmente, se sentaron discutir.
La tarde de miércoles 10 de noviembre, después de casi cinco horas y media del segundo diálogo Gobierno y movimientos sociales fueron claros: no hay acuerdo, pero coincidencias en temas como moratoria de créditos, control de precios, y educación intercultural.
Los tópicos en los que no hubo coincidencias son: combustibles, minería y petróleos.
Leonidas Iza, presidente de la Conaie, anunció que el tema más complejo es el del precio de los combustibles. Allí, el Gobierno revisará de manera interna la propuesta de las organizaciones. En esta se plantearía el valor “del diésel en USD 1.50 y en USD 2.10 el de la gasolina”, dijo Iza.
Sobre estas claves, se aproximan tres escenarios.
Escenario 1: El Gobierno acepta la propuesta
En el Decreto 231, el Jefe de Estado congeló el precio para la gasolina extra en hasta USD 2.55, mientras que el diésel y diésel premium hasta USD 1,90 el galón, para el sector automotriz. Y suspendió el sistema de bandas, implantado por el expresidente Lenín Moreno, que regulaba el alza gradual de los costos.
“Hay mucho avance (en tres puntos de la agenda planteada), pero no hay un acuerdo. En ese sentido, esperamos sobre la voluntad que ha sido expresada en la mesa de diálogo se puedan concluir todos los temas que están allí, pero están pendientes. No hay un acuerdo, mientras no se resuelva el problema de los combustibles”, reiteró el líder indígena.
Para el Subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, aceptar la propuesta alteraría lo programado presupuestariamente, “de algún lado tienen que salir los recursos”, plantea. Y espera también que la respuesta que dé el Gobierno pueda ser admitida por la dirigencia de las cuatro organizaciones.
Hasta antes de este segundo diálogo, la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y el Ministro de Economía, Simón Cueva, plantearon como un punto de imposibilidad de negociación el derogar el Decreto y bajar los costos de estos derivados del petróleo. Ahora el escenario es de análisis.
Escenario 2: El Gobierno rechaza la propuesta
Para el analista de temas políticos, Arturo Moscoso, este fue un “diálogo de sordos”. En la medida, explica, en que el Régimen ha manifestado la dificultad que tiene en bajar el costo de los combustibles y el radicalismo que mantiene Iza.
Por un lado, “el costo del subsidio es enorme para el Estado. Es un gasto que, además, está comiéndose partes del presupuesto que podría ser destinado para otros tipos de necesidades que tengan, incluso, las mismas comunidades indígenas”, dice Moscoso.
La posición radical de Iza, por otro lado, de perder todo el acuerdo si no se bajan dichos precios. Y se pregunta si “¿en realidad hay un afán de negociación o es solo de bloqueo o de búsqueda de rompimiento para empezar movilizaciones?”
Sobre este aspecto, Fuertes manifiesta que existe el riesgo de que no exista una aceptación total de la propuesta de los combustibles. “En cualquier proceso que tiene que ver con negociación es muy precaria la condición de los temas que se negocian si es que los actores van en la onda del todo o nada”, indicó.
Este es un tema de carácter político para estas organizaciones, dice Fuertes. “No es estrictamente social, es su bandera insignia. Y eso también dificulta porque lo tratan es salir con la bandera en la mano y eso conduce a que desparezca el análisis de carácter técnico y del impacto social de este tipo de medidas”.
Si bien queda un acuerdo general en la mesa, se espera llegar a un análisis que las partes acepten. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, por su parte señaló que en los aspectos en los que aún no se ha podido establecer coincidencias, el Ejecutivo revisará las propuestas planteadas por las organizaciones, en miras de llegar a un nuevo espacio de diálogo.
Según Fuertes, al encuentro de este 10 de noviembre, “mirado desde lo que ha sido la lógica de enfrentamiento histórico de estas situaciones, hay que valorarlo positivamente”.
Al contrario de lo que ocurrió en la primera reunión del 4 de octubre, en esta ocasión la Conaie aceptó que se dieron avances. Aunque “originalmente se generó un ambiente en el cual la insistencia era un pronunciamiento definitivo ayer (10 de noviembre), luego fue factible que la temperatura cambie”, afirmó Fuertes.
Escenario 3: El tiempo de espera
El Ecuador queda frente a escenarios en un compás de espera. Mientras que al final del diálogo, Vela indicó que sería un espacio de 2 a 3 semanas, en el que analizarán la propuesta. La Conaie, en su último comunicado, ya fija una fecha para una respuesta.
“Un lapso de 15 días, hasta el 25 de noviembre, para esperar una respuesta favorable a nuestros planteamientos y de los sectores sociales populares”.
Para el subsecretario Fuertes, esta “es una forma de auto presionarse y de presionar al resto. En ese tiempo el Gobierno tiene que realizar los análisis pertinentes”, asegura.
Moscoso por su parte considera que la estrategia del Régimen es ganar tiempo para evitar enfrentarse a movilizaciones, en un momento complicado, en el que no le conviene, indica. Y realiza un análisis más allá, “me imagino que también están apuntando a negociar el tema de las leyes en la Asamblea y ver la posibilidad de que se aprueben. Eso le va a dar un poco de oxígeno”.