Efecto inmediato del sí en la consulta será prórroga de las autoridades sin designar

El CNE prepara los kits con las papeletas para la consulta popular, que se realizará a la par de las elecciones seccionales 2023. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO

Lo cambios que plantea el Referéndum del Gobierno de Guillermo Lasso tomarán su tiempo, pues se tratan de temas institucionales. Aunque hay efectos inmediatos, las modificaciones tardarán al menos dos años. Sin embargo, sí hay una decisión importante que entrará en vigencia a partir de que se publiquen los resultados en el Registro Oficial.

El próximo 5 de febrero, los electores recibirán una papeleta para votar en la consulta popular. Hay ocho preguntas relacionadas con la extradición, autonomía de la Fiscalía, control a movimientos políticos, funciones y elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y medio ambiente.

La carga institucional es un riesgo que enfrenta el Ejecutivo. Esto porque los cambios que plantean pueden no ser percibidos inmediatamente por la ciudadanía. Aunque sí hay preguntas que pueden ser viables en el corto plazo, otras requerirán cambios legales. Según dijo este 19 de enero de 2023 la experta en Derecho Constitucional, Ximena Ron, tomarán entre 1 y 2 años.

Cambios inmediatos que traerá el referéndum

Aunque el Gobierno centre su mensaje en la extradición y reducción de asambleístas, lo cierto es que su pregunta más fuerte tiene que ver con el Consejo de Participación. Plantea quitarle la función de designación de autoridades y que esa facultad regrese a la Asamblea Nacional.

El experto en Derecho, Esteban Ron, apunta que el cambio total, con elección de nuevas autoridades en órganos de control como Contraloría e incluso Fiscalía, se realizarían a finales del 2024. Sin embargo, lo importante de esta pregunta está en la etapa de transición.

Según el anexo presentado por el Gobierno, en caso de que gane el "sí" y los resultados se publiquen en el Registro Oficial, los concursos para nombrar autoridades que no hayan concluido se declararán desiertos. Eso implicaría que las actuales autoridades, por ejemplo, el contralor encargado, Carlos Ríofrío, permanezca en ese puesto.

Ron señala que lo relacionado con la extradición también podría aplicarse de forma inmediata. Esto mediante loa acuerdos internacionales. Sin embargo, el extraditar a una persona vinculada con el crimen organizado no depende solo del Gobierno ecuatoriano sino del pedido de otros países.

Las preguntas que tiene relación con el medio ambiente, es decir, la protección de cuencas de agua e incentivos para las comunidades que la cuidan, no tendrían mayor inconveniente para ponerse en marcha.

Las modificaciones a mediano plazo

Si bien hay una etapa de transición, los efectos definitivos de la pregunta sobre el Consejo de Participación tardarán hasta 2024. Ron explica que hay un año para las reformas legales necesarias y estas deben tramitarse en la Asamblea. Por eso, hay concursos que podrían terminar a finales del próximo año.

En lo relacionado con mayor independencia para la Fiscalía, el experto señala que hay un año para hacer los cambios planteados. En esto también coincide su colega, por lo que los efectos se observarían en el 2024.

Las consecuencias de que el "sí" gane en la pregunta relacionada con la reducción de asambleístas quedará para el 2025. El actual periodo legislativo corre hasta ese 2023 en el que nuevamente habrá elecciones generales.

Además, el próximo 5 de febrero también se votará para elegir a los siete vocales del Cpccs. Quienes ganen, estarán en funciones por cuatro años.


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