El 2023 empezó con una campaña electoral intensa que definirá autoridades seccionales, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y el futuro de las enmiendas constitucionales que plantea el Gobierno Nacional.
Ese es el escenario y la prueba de fuego la rendirá el Ejecutivo. El fortalecimiento del Gobierno y su capital político dependen del resultado de tres procesos en curso: el resultado de los candidatos del oficialismo en las seccionales, el triunfo del sí en el referéndum y, a mediano plazo, la postconsulta.
El 20 de diciembre pasado, a puertas de terminar el 2023, el presidente Guillermo Lasso mostró su intención de ir por la reelección. En un conversatorio en Washington, el Primero mandatario dijo: “La Constitución del Ecuador permite la reelección por una sola vez, eso será en el 2025, y al menos en Washington uno se envalentona un poco y puedo decirles que no voy a escabullir esa responsabilidad “
Días después, en su última entrevista del año el 26 de diciembre pasado, Lasso se refirió a esas declaraciones. Mencionó que fue una declaración como parte de una conversación y no como un anuncio. Pero, más allá de eso, no negó que esa sea su intención para el 2025.
Aún restan más de dos años de Gobierno. Con un paro y la crisis por la inseguridad en el país en medio, Lasso tendrá que reafirmar o renunciar a esa intención, tomando en cuenta lo que venga después de los comicios del próximo 5 de febrero.
Las elecciones
En Pichincha, el oficialismo tiene a sus candidatos para la Prefectura de Pichincha y Alcaldía de Quito. Optaron por una alianza entre Creo, Construye y Reto. En Guayas también buscarán la prefectura y no la Alcaldía de Guayaquil.
En otra provincia importante como Manabí, el oficialismo también buscará la Prefectura en alianza con Construye; mientras que en Azuay usará la misma estrategia, pero en alianza con otros tres movimientos, uno de ellos, Centro Democrático, exaliado del correísmo. La misma alianza aplica para la Alcaldía de Cuenca.
Los resultados que obtenga el oficialismo en provincias claves como las mencionadas, será un primer termómetro de su aceptación. Para la experta en comunicación política, Caroline Ávila, el Gobierno ha manejado un bajo perfil en la promoción de sus candidatos.
Dice que esto responde a que están consciente de su baja aceptación. En ese contexto, quitar el foco de atención de Creo y ponerlo en las alianzas que ha creado con otros movimientos es una jugada interesante ya que si las expectativas son bajas cualquier resultado puede verse como favorable.
La Consulta
La apuesta vital del Ejecutivo es la Consulta Popular. El oficialista Creo es una de las seis organizaciones acreditadas para hacer campaña y, según lo ha planteado la vocera del Gobierno en este tema, Karen Sichel, el Referéndum dotará al Gobierno de las herramientas para enfrentar problemas urgentes como la inseguridad.
Hay ocho preguntas que involucran cambios a la Constitución. De ellas, una tiene que ver con la posibilidad de extraditar a ecuatorianos involucrados en delitos por crimen organizado, la independencia de la Fiscalía y quitarle la facultad de designación de autoridades al Cpccs.
Aunque con menos publicidad, la apuesta más fuerte del Gobierno es la Cpccs. Sin embargo, los esfuerzos de vocerías como la de Sichel, se han centrado en la extradición.
El analista político Esteban Ron dice que las consultas siempre se usan para afianzar la aceptación de un Gobierno. Para el experto, la aceptación de la Consulta tendrá una afectación directa a la gestión gubernamental. Esto teniendo en cuenta que se realizará más de un año después de que fue ofrecida.
Para Ávila, el Gobierno se está jugando una carta muy grande. En ese contexto, los resultados tendrán dos líneas de análisis, La primera es sobre la aceptación de la gestión. El segundo tiene que ver con los resultados que deberá alcanzar el Ejecutivo, después de la aceptación de las enmiendas.
La postconsulta
No es suficiente con que gane el sí. El reto del Gobierno está en lo que viene después, según lo menciona Ávila. Por ejemplo, con el tema de la extradición, el Ejecutivo estará obligado a mostrar resultados en temas específicos como la inseguridad que atraviesa el país.
Hay que recordar que las ocho preguntas tienen relación directa con cambios institucionales. En ese aspecto, Ron dice que esas transformaciones no se verán inmediatamente. Dos ejemplos: la disminución de asambleístas y el cambio en la designación de autoridades bien podrían tomar, al menos, un año.
En este contexto, este 2023 será un año decisivo para el Gobierno y, sobre todo, en su intención aún no descartada de optar por la reelección en el 2025.