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Eckenner Recalde no podría regresar a su trabajo en el Municipio de Quito, si es destituido

Recalde es funcionario desde el 2010 pero ya no podrá regresar a su puesto de trabajo, ya que, con las reformas al Ley Orgánica de la Función Legislativa, los legisladores que sean destituidos no pueden ejercer cargos públicos. Foto: Flickr / Asamblea Nacional del Ecuador

Las cosas se complican para el asambleísta Eckenner Recalde (ID). El legislador enfrenta un proceso disciplinario en el Comité de Ética del Parlamento Nacional, en el que se investiga un posible caso de cobros indebidos a sus asesores, por el que podría ser destituido. 

El asambleísta Recalde tiene nombramiento como jefe de Talento Humano de la Empresa de Rastro del Municipio de Quito. Tiene una licencia, mientras dura su paso en la Asamblea Nacional. Así informó una fuente del municipio capitalino a este Diario.

Recalde es funcionario desde el 2010 pero ya no podrá regresar a su puesto de trabajo, ya que, con las reformas al Ley Orgánica de la Función Legislativa, los legisladores que sean destituidos no pueden ejercer cargos públicos. Así lo establece el artículo 163 que dice: “la o el asambleísta destituido quedará inhabilitado para ejercer cargo público por dos años”.

Ya no es el mismo caso sucedió en el 2018, cuando la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña presentó su renuncia a la Asamblea Nacional (mientras era investigada por cobros indebidos a sus asesores, cuando era asambleísta); y pudo regresar a su antigua posición como analista en el Servicio de Rentas Internas (SRI).

La acción legislativa a Recalde se dio porque el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) dio paso a que el Comité de Ética pueda investigar a Recalde, el pasado martes 21 de septiembre, con los votos de Guadalupe Llori (PK), Virgilio Saquicela (Ind.), Darwin Pereira (PK) y Nathalie Arias (Creo). Bella Jiménez (ExID), y Johann Moreira (ID) se abstuvieron, esta última por ser la denunciante de Recalde.

Por otra parte, los legisladores de la ID presentaron una denuncia en la Fiscalía para que se investiguen estos supuestos cobros que podrían configurar el supuesto delito de concusión.

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