El movimiento Revolución Ciudadana (RC) presentó una solicitud de juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, este martes 14 de mayo de 2024.
Este pedido realizado por el asambleísta Héctor Valladarez se suma a otro requerimiento contra Salazar, con fecha diciembre 2023, que la hizo Gissela Garzón, que forma parte de la misma bancada correísta.
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En la solicitud del legislador que representa a Zamora Chinchipe se reconocen dos causales: el posible “encubrimiento de potenciales casos de lavado de activos”, y una presunta “inacción de la Fiscalía en el caso denominado Capaco”.
Presunto encubrimiento
Valladarez sostiene que el presunto encubrimiento de potenciales casos de lavado de activos tiene su justificación en la estadística que presentó.
Según detalló el asambleísta, de las 97 alertas recibidas por parte de la Unidad de Especializada Antilavado de Activos, entre 2019 y 2022, tan solo se han procesado 12 de los avisos.
A través de un comunicado oficial difundido en la noche de este martes, la Fiscalía General del Estado respondió a estas acusaciones.
Sobre este tema, el documento refirió: “dichas declaraciones no tienen ningún sustento, más allá de la falta de entendimiento por parte del legislador mencionado sobre el tema en cuestión”.
En su defensa, la entidad hizo alusión al “reconocimiento internacional” que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) otorgó a Ecuador en la lucha contra el lavado de activos.
Diana Salazar brindó una entrevista en la noche de este lunes a CNN en Español. Durante su intervención comentó: “Dicen que no se ha hecho nada contra el delito de lavado de activos, cuando justo ayer explicaba que Ecuador aprobó la evaluación de (Gafilat) (…) lo que ha permitido que el país sea reconocido como cooperante en la Región”.
En ese sentido, la Fiscalía resumió: en 2012, el país estaba en la lista de los países que no cooperaban con el lavado de activos; en 2016, Ecuador apareció en “lista gris” por graves deficiencias en el sistema de lucha contra este delito; y en 2023, pasó la evaluación ante este organismo.
“Para poner un ejemplo, la Unidad de Especializada Antilavado de Activos tiene 32 causas en instrucción fiscal, 7 en preparatoria de juicio, 23 en etapa de juicio y 8 en impugnación (…) solo estas cifras desmontan lo señalado”, afirmó el comunicado.
Caso Capaco
La otra causal que mencionó Héctor Valladarez en su solicitud de juicio político fue la presunta “inacción de la FGE en el caso denominado Capaco”.
El caso Capaco obedece a la investigación por presunto lavado de activos a Carlos Pareja Cordero.
El proceso investigativo se inició en 2016, pero un año más tarde fue declarado nulo.
Ante esta acusación, Fiscalía respondió con tres argumentos:
- La causa “corresponde al año 2016, (cuando la máxima autoridad de Fiscalía era el Dr. Galo Chiriboga) y tampoco tenía fuero de Corte Nacional, por lo que estuvo a cargo de un agente fiscal de lavado de activos”;
- “En este caso, que se ventiló en las cortes de Estados Unidos, se determinó que la UAFE (Unidad De Análisis Financiero Y Económico) usó información falsa que remitió a la Fiscalía, engañándola”;
- “Por otra parte (…) la FGE usó todos los recursos legales; sin embargo, fue la Corte Provincial de Guayas la que declaró nulo el proceso. Es decir, no hubo inacción alguna.
La Fiscalía finalizó su respuesta con un mensaje directo a la acción de Valladarez:
“Una vez más, queda claro que se priorizan intereses políticos partidistas, en lugar de intentar entender que el trabajo de la Fiscalía General del Estado es técnico y que se basa en hechos verificables, y que ante esa falta de entendimiento, su respuesta son este tipo de acciones, propias de quienes buscan impunidad”, sentenció.
Trámite del primer juicio está por empezar
Según declaraciones de la asambleísta Pamela Aguirre, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) y presidenta de la Comisión de Fiscalización, la primera solicitud de juicio contra Salazar empezaría en este mayo de 2024.
De ser el caso, el próximo 22 de mayo arrancaría el proceso en contra de Diana Salazar. A partir de ahí, habría un lapso de 15 días para que se presenten las pruebas de cargo.
La encargada sería la proponente Gissela Garzón (RC). Diana Salazar, por su parte, debería presentar las pruebas de descargo.
El trámite presentado por la legisladora está relacionado con un supuesto “incumplimiento de funciones” por parte de la Fiscal General.