Denuncias de gestión de cargos van en aumento en la Asamblea Nacional
La Comisión analizó ayer la situación de Bella Jiménez, tras la comparecencia virtual del ministro Marcelo Cabrera. Foto: Cortesía Asamblea
Cincuenta reuniones con asambleístas registra el ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, en más de tres meses en el puesto. El hecho por sí solo no constituye una infracción, pero hay unas líneas rojas para los legisladores: la Constitución contiene siete prohibiciones para ellos.
Entre las causales para la destitución de un asambleísta está la gestión de cargos públicos; y también ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, dice el art. 127.
En el anterior período legislativo, siete perdieron sus curules por estas causas. Y en poco más de su primer trimestre, al interior de la Asamblea actual cuatro legisladores han sido aludidos directa o indirectamente por gestionar cargos públicos: Bella Jiménez (ex ID), Darwin Pereira (PK), y los independientes Elías Jachero y Mariano Curicama .
Actualmente, solo Jiménez afronta un proceso de investigación, pues el presidente del Comité de Ética, José Chimbo (PK), insistió en que ese organismo no puede actuar de oficio sino con base en denuncias.
Los demás han deslindado responsabilidades o han pedido que sus asesores respondan, tras la difusión de una serie de chats en redes sociales.
El último se divulgó ayer (31 de agosto del 2021) y supuestamente involucra a un asesor del asambleísta Curicama, legislador que tiene medidas cautelares por supuesta concusión cuando ocupaba la Prefectura de Chimborazo.
“Es de absoluta falsedad. No puedo yo pedirle la renuncia antes de comprobarse, como yo digo y se va a ratificar que es falso”, expresó, en referencia al chat que alude a supuestas gestiones por cargos en el Ministerio de Agricultura.
Por la tarde, Jachero convocó a una rueda de prensa y decidió hablar, cuatro días después de que fuera aludido.
El legislador mostró sus conversaciones en Whatsapp y aseguró que como ingeniero informático puede dar cuenta de que todo fue un montaje.
El viernes pasado, Ricardo Vanegas, de Pachakutik, pidió a la Fiscalía que investigue una supuesta intervención a los celulares de los asambleístas.
Al posesionar a sus nuevos funcionarios en Carondelet, el presidente Guillermo Lasso hizo un nuevo llamado ayer a sus colaboradores a cumplir el Código de Ética, que emitió al asumir el poder.
El artículo 15 de esa norma obliga a los funcionarios a que “solo podrán atender reuniones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, previa solicitud por escrito en la que deberá constar el motivo u objetivo de la reunión” y a llevar un registro.
El ministro Cabrera compareció ayer a la Comisión de Fiscalización y ubicó a Jiménez entre los 50 asambleístas con quienes se ha reunido.
Sin precisar una fecha -que dijo consta en la bitácora- aseguró que la reunión con Jiménez “fue exclusivamente de temas de injerencia del Ministerio” como las vías en Guayas.
Sin embargo, Bruno Segovia (ex Pachakutik), mantuvo sus dudas. “Si creeríamos que eso es falso, que no tiene ningún asidero, estaríamos actuando errónea e injustamente con una asambleísta”, dijo.
Otros legisladores como Roberto Cuero (Unes) y Marco Troya (Ind.) pidieron “no satanizar” las reuniones con los ministros de Estado.
La ministra de Salud, Ximena Garzón, en otra comparecencia, denunció presiones de la asambleísta del correísmo María Astudillo por el pago de USD 149 829 a un proveedor del hospital Téofilo Dávila, en El Oro.
Astudillo adujo que se trata de un gremio de la economía popular y solidaria. “Yo puedo fiscalizar qué están haciendo con el dinero del Estado”.
Jaime Granda, representante de Asotexorense, negó a este Diario tener algún tipo de relación con la legisladora. Señaló que recurrieron a ella porque viven momentos de zozobra por la falta de pago.
Marjorie Chávez (PSC), del Comité de Ética, dijo desconocer este caso, pero aclaró: “Uno puede pedir requerimientos de información, pero no se puede pedir que paguen. Si es así estaría incurriendo en una prohibición”.
Caso Carrión
En otro tema, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien permanece detenido en la cárcel 4 de Quito, se presentó ayer por la tarde a la Comisión de Fiscalización, en donde enfrenta un pedido de juicio político por incumplimiento de funciones.
Carrión acompañó a su esposa, Patricia Schettini, quien lo identificó como víctima de persecución por sus actuaciones en este organismo.
“Por ser prisión preventiva, sigo en ejercicio de mis funciones, no hay incapacidad como afirmó (la subrogante Zaida) Rovira”, remarcó Carrión.
Como parte de sus descargos llevó también ante la comisión al vicepresidente del Cpccs, David Rosero, quien manifestó que este organismo no puede nombrar a un subrogante.
“Es potestad del Defensor del titular, efectivamente, de acuerdo a las propias facultades que le otorga la Ley de la Defensoría determinar quién es la autoridad subrogante en este caso”, mencionó.
