La institucionalidad de la Presidencia de la República se reorganizó. Mediante el Decreto Ejecutivo 175, de fecha 31 de agosto del 2021, el presidente Guillermo Lasso estableció cambios en la organización interna del Ejecutivo.
En el documento se establece que la Presidencia contará con cuatro secretarías generales: Jurídica, Administrativa, de la Administración Pública y Gabinete, y de Comunicación. Además, sus máximas autoridades tendrán el rango de ministros de Estado.
La secretaría Jurídica, liderada por Fabian Pozo, tendrá entre sus atribuciones asesorar jurídicamente al Mandatario, representar y patrocinar judicial y extrajudicialmente al Presidente y a los ministros, comparecer ante la Corte Constitucional, sustanciar procesos de ratificación de tratados internacionales, requerir a entidades del sector público la elaboración de decretos, participar como miembro Pleno del Gabinete, entre otras funciones.
Este martes 31 de agosto Lasso posesionó a José Yunes como titular de la secretaria General Administrativa. Anteriormente, esa dependencia se llamaba solo Secretaría General de la Presidencia, y estuvo a cargo de Ralph Suástegui, quien ahora será gerente general de CNT.
Las atribuciones de Yunes serán ejercer la representación legal, como persona jurídica, de la Presidencia de la República. También participará como miembro pleno del Gabinete, ejercerá la autoridad nominadora de la Presidencia, dirigirá la gestión administrativa, financiera e institucional de Carondelet, autorizará a las entidades de la Función Ejecutiva la realización de eventos en espacios privados, entre otras tareas.
Iván Correa, secretario General de la Administración Pública y Gabinete, además de asesorar a Lasso, ahora ejercerá las funciones de portavoz en nombre de la Presidencia, en los temas que el Mandatario disponga. Además, será miembro pleno del Gabinete, presidirá el Gabinete Estratégico y ejercerá su secretaría. También presidirá el Gabinete de Proyectos de alto Impacto. Otra de sus tareas será supervisar la gestión de las empresas públicas de la Función Ejecutiva.
Finalmente, la secretaría General de Comunicación, a cargo de Eduardo Bonilla, debe “velar que la comunicación gubernamental aporte efectiva y eficientemente al desarrollo de la gestión productiva, cultural, educativa, social y política del país”. También deberá avalar las acciones comunicacionales de las distintas dependencias de la Función Ejecutiva, así como aprobar y evaluar sus Planes Estratégicos de Comunicación (PEC).
Dentro de las disposiciones generales, se establece que las cuatro secretarías contarán con subsecretarías generales y los asesores requeridos “de conformidad con sus necesidades administrativas e institucionales”.
También se establece que el Presidente podrá contar con los asesores presidenciales y consejeros de Gobierno (pueden ser honorarios) que sean requeridos “de conformidad a sus necesidades y para cumplir con el Plan de Gobierno y demás atribuciones constitucionales”.