Entre gritos de abogados y familiares del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, arrancaron las comparecencias en el juicio político que impulsan los asambleístas Ricardo Vanegas (PK) y Yeseña Guamaní (ID) en contra del funcionario este viernes 27 de agosto de 2021.
Lo ocurrido llevó al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), a pedir la intervención de la Escolta Legislativa, en el salón del exsenado del Palacio Legislativo esta mañana.
Según testigos, quienes protagonizaron el altercado -dos abogados y la esposa del funcionario- buscaban refutar a los policías que el 17 de mayo pasado participaron del operativo en el que Carrión fue detenido por supuesto abuso sexual y que fueron los primeros en comparecer para este proceso de interpelación.
“Este no es un escenario para gritar, esta es la Asamblea Nacional. Les rogamos. Señores de la fuerza pública garanticen el normal desenvolvimiento de este proceso; este es un juicio político”, expresó Villavicencio, antes de suspender la sesión por cinco minutos.
El asambleísta dispuso a la Escolta Legislativa que “proceda a retirarlos si no se comportan” y rechazó los reclamos de los abogados de Carrión. “Está bien que lo haga desde el principio sentando precedentes porque, caso contrario, se le va de las manos”, comentó Pedro Velasco (Ind.), otro de los integrantes de Fiscalización. La sesión se retomó después de que ellos salieron.
“Para nosotros queda claro que hubo un afán de hacer un escándalo, de generar un incidente para ganar algún titular y querer acusar a la Asamblea y a la Comisión de Fiscalización de que no les garantizamos el debido proceso”, declaró Villavicencio a la prensa.
El legislador manifestó que este proceso es distinto a los que tienen lugar en los juzgados, y que Carrión tendrá posteriormente tres horas para defenderse ante la Comisión, el 3 de septiembre. “Nosotros no somos culpables de que el señor esté detenido, acusado de abuso sexual”, señaló.
Carrión, quien permanece en la cárcel 4 de Quito mientras es investigado por un supuesto abuso sexual, remitió un escrito de 54 hojas a la Comisión y solicitó acudir presencialmente a la Asamblea para presentar sus descargos.
“Es un hecho público y notorio que me encuentro preventivamente privado de mi libertad, por un infame proceso penal que, como demostraré en el juicio político, tiene otro tipo de connotaciones, y lejos de ser jurídicas, son de índole políticas”, dice el funcionario en el oficio.
Además, rechaza que el proceso de control político que se impulsa en su contra se base en hechos relacionados al proceso judicial que enfrenta. “En conclusión sobre el supuesto delito de abuso o agresión sexual, puedo decir que ni Fiscalía, en la formulación de cargos o en el dictamen acusatorio, ni los peritos, ni los informes de trabajo social, han identificado lo que se entiende por acto de naturaleza sexual, que es el elemento principal que contiene el tipo penal previsto en el artículo 170 del COIP”, puntualiza.,