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Presidente de la Corte Nacional: ‘Si hay irregularidades en la justicia, denuncien’

Iván Saquicela es doctor en Jurisprudencia y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Tiene un máster en Ciencias Penales y Criminológicas. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Iván Saquicela es doctor en Jurisprudencia y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Tiene un máster en Ciencias Penales y Criminológicas. Trabajó como Fiscal en Azuay. Fue docente en la Universidad Católica de Cuenca y es juez de la Corte Nacional.

La justicia ha sido fuertemente cuestionada en estos días. ¿Cómo mejorar la credibilidad del sistema?

El sistema judicial del país ha mejorado desde hace muchos años atrás y ha evolucionado positivamente. Tenemos jueces y juezas que cumplen sus deberes. No niego la posibilidad de que haya errores y de que pueda haber funcionarios que tengan un proceder incorrecto. Si hay irregularidades, es necesario denunciar, que se compruebe y se sancione; pero no creo que se pueda hablar de la administración de justicia en general. También hay algunos aspectos positivos.

¿Como cuáles?

Quisiera mencionar lo que hemos resuelto en la Corte Nacional. Hoy está procesado y con prisión preventiva el excontralor Pablo Celi y el defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Otros jueces han condenado al expresidente Rafael Correa, al exvicepresidente Jorge Glas, a exaltos funcionarios de Estado; hemos llamado a juicio a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña… y podría citar otros casos. No nos ha temblado la mano.

¿Cómo enfrentar a la corrupción, cuando existen funcionarios judiciales involucrados en ilegalidades e investigados por Fiscalía?

Lamentablemente hay corrupción en el ámbito público y privado. Si hay irregularidades, se deben sancionar en debidos procesos. Pero no se puede generalizar. Siempre habrá personas conformes e inconformes con las decisiones judiciales, eso no es sinónimo de que esté mal o de corrupción. El sistema de justicia ecuatoriano es un poder del Estado demasiado importante, es el que tutela los derechos de todos los ciudadanos.

En el 2020, el Consejo de la Judicatura detectó al menos 210 vulneraciones al sistema de sorteos de procesos judiciales. Incluso hubo presuntas irregularidades en los sorteos de dos acciones constitucionales presentadas por el alcalde Jorge Yunda. Por ese caso, hay dos jueces y otros funcionarios investigados. ¿Preocupa esta situación?

Claro que preocupa. El Consejo de la Judicatura es el que debe seleccionar adecuadamente al personal y cesar jurídica y legalmente a los servidores que hayan cometido alguna irregularidad. El país espera una respuesta oportuna y clara. Los sorteos no son llevados por los jueces sino por funcionarios administrativos e informáticos de la Judicatura.

Por esos sorteos irregulares, en nueve meses del año pasado, 170 procesos legales fueron direccionados a nueve magistrados de Guayaquil. Algunos de estos casos tienen relación con procesos por corrupción durante la pandemia del covid-19. ¿Qué está pasando?

La Judicatura debe establecer un sistema de sorteos eficiente. Se entiende que el sistema informático es vulnerable y ha sido manipulado. Eso se debe evaluar y corregir; y si eventualmente un juez está involucrado en esos sorteos irregulares es una conducta ilícita y tendría que ser sancionado.

El Consejo de la Judicatura habla de ‘estructuras delictivas’ detrás de estos sorteos irregulares. ¿Usted ha detectado la existencia de esas estructuras?

Que exista una estructura delictiva en la Función Judicial es una afirmación muy fuerte y debe estar respaldada con pruebas. Como representante de la Función Judicial me preocupa. Por eso pido públicamente que la Judicatura explique cuál es esa estructura. Como es una afirmación y no un supuesto, que diga al país cuál es la respuesta frente a eso; es decir, cuáles son las sanciones y las denuncias penales presentadas en la Fiscalía.

La gente dice que los procesos judiciales avanzan lentamente. ¿Qué ocurre?

Podríamos mejorar los tiempos de nuestro trabajo, pero para eso se requieren tecnología, materiales y personal. Por ejemplo, no tenemos el número suficiente de jueces penitenciarios en el país. Solo hay en cinco provincias y la carga procesal es enorme. Eso provoca un retraso en los trámites de beneficios penitenciarios y esto contribuye a mantener el hacinamiento carcelario.

¿Qué otros problemas se han identificado?

En todos los cantones no hay el número suficiente de jueces. Faltan secretarios y asistentes. Por ejemplo, afuera del Complejo Judicial de Cuenca hay carpas, donde los usuarios deben esperar horas para dejar un escrito. Esto ocurre porque aún no se ha nombrado funcionarios para ventanillas. Todo esto es gravísimo. Es necesario que el Estado se preocupe de invertir en la justicia.

Durante una entrevista con este Diario, el procurador general, Íñigo Salvador, dijo que la recuperación del dinero de la corrupción es lenta porque los magistrados de la Corte Nacional de Justicia dicen: “Eso no nos toca ejecutar” y delegan esa tarea a otros jueces. ¿Por qué ocurre eso?

En el Derecho suelen darse problemas de interpretación de normas. En algunos casos de corrupción, los jueces nacionales disponían al Tribunal de primer nivel que ejecutase la sentencia; en otros, se designaba esa tarea a los jueces de las zonas donde están domiciliados los condenados. Esto ocurría porque las normas no son claras sobre ese aspecto.

¿Cómo solucionar eso?

Hace aproximadamente 15 días, la Sala Penal de la Corte Nacional se reunió y unificó criterios. Ahora se delega la ejecución de las sentencias a los magistrados donde están domiciliados los condenados.

Pero esos fallos recaen en diferentes magistrados y eso origina retrasos.

Sí, pero eso ya no depende de nosotros, pues así lo establecen el Código Integral Penal y el Código General de Procesos.

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