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CAL devuelve proyecto económico urgente al Ejecutivo

Los integrantes del Consejo de Administración de la Legislatura durante la sesión de este 29 de septiembre del 2021. Foto: cortesía

Con cinco votos a favor y dos en contra, el Consejo de Administración de la Legislatura resolvió devolver al Ejecutivo el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, que fue presentado el viernes 24 de septiembre con el carácter de urgente en materia económica.

La decisión se tomó este miércoles 29 de septiembre de 2021 con base en un informe de la Unidad Técnica Legislativa que determinó que el proyecto contenía “vicios de inconstitucionalidad“, entre ellos que no abarcaba a una materia específica.

A favor de la resolución votaron la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pachakutik), la segunda vicepresidenta Bella Jiménez (Ind.), y los vocales Darwin Pereira (Pachakutik), Johana Moreira (ID) y Ronny Aleaga (Unes).

Mientras que el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (Ind.) y la vocal por Creo, Nathalie Arias, votaron en contra de esta decisión.

La resolución dice:

“Devolver al señor Guillermo Lasso Mendoza, Presidente Constitucional de la República el “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL”, con calificación de urgente en materia económica, y solicitar la subsanación de las observaciones identificadas, a fin de que sea presentado nuevamente de conformidad a lo dispuesto en el sexto inciso del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en consideración a las razones que motivan la presente Resolución, así como al contenido y recomendación del Informe de la Unidad de Técnica Legislativa remitido con Memorando Nro. AN-SG-UT-2021-0335-M de 28 de septiembre de 2021″. 

El proyecto de Ley, de carácter económico urgente, reformaba más de 30 cuerpos normativos.

En el eje tributario, la Ley planteaba ajustar las deducciones de gastos personales y el pago del impuesto a la renta para personas naturales para recaudar USD 700 millones en nuevos ingresos.

Además, preveía recaudar otros USD 700 millones con una contribución de personas con patrimonios de más de USD 500 000.

En lo laboral, la reforma preveía un esquema alternativo legal para contratar a personas sin empleo bajo condiciones más flexibles.

Para ello, por ejemplo preveía bajar los costos de contratación, como reducir el pago de desahucio del 25 al 15% o reducir el costo por pago de horas extras al plantear horarios más flexibles. 

Los trabajadores calificaron como inconstitucional y discriminatorio el proyecto.

En reportajes de la sección Negocios de este Diario, los empleadores señalaron que el proyecto era perfectible y permitía generar empleo al permitir un sistema que se adapte mejor a cada actividad económica.

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