Asamblea aplaza su vacancia legislativa por juicio político a la Judicatura
Los asambleístas no tomarán sus vacaciones, hasta que se concluya el proceso de juicio político contra el Consejo de la Judicatura. Foto: Flickr Asamblea Nacional
Los asambleístas aplazarán su salida a vacaciones mientras no se resuelva el pedido de juicio político contra la expresidenta del Consejo de la Judicatura María del Carmen Maldonado y tres vocales del organismo.
Así lo confirmaron a EL COMERCIO la mayoría de integrantes del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), este martes 16 de agosto de 2022.
"Hay que esperar a la decisión del Pleno sobre el juicio político a la Judicatura para cualquier vacancia", dijo el primer vocal del CAL, Esteban Torres (PSC).
Asimismo, se pronunciaron Johana Moreira, asambleísta disidente de la Izquierda Democrática (ID), y Ronny Aleaga, quien junto a Marcela Holguín, representan al bloque correísta de Unión por la Esperanza (Unes) en el CAL.
De este modo, la vacancia de 15 días quedaría para finales de agosto, cuando estaba previsto que se inicie a mediados de este mes.
Asamblea se toma dos recesos al año
Moreira recordó que la Constitución y la Ley Legislativa contemplan dos recesos al año para esta Función del Estado y que el año pasado no se aplicó una de ellas por la pandemia. Adujo que se trata de un derecho "no solo para asambleístas sino para los funcionarios".
La Comisión de Fiscalización tenía de plazo hasta este jueves 18 de agosto para entregar un informe para resolución del Pleno, una vez que el sábado pasado terminó la fase de comparecencias y entrega de pruebas de cargo y descargo.
Sin embargo, el oficialista Pedro Velasco, uno de los integrantes de la Comisión, señaló que pedirán una prórroga para presentar el documento hasta el próximo martes.
Velasco adujo que no pueden adelantar criterios sobre posibles conclusiones o recomendaciones. El expediente no tendrá el carácter de vinculante para el Pleno.
Legisladores apuntan a destitución
Para una posible censura y destitución de la Judicatura se requieren de 92 votos. El proceso lo impulsa Viviana Veloz (Unes) por supuesto incumplimiento de funciones en la evaluación y destitución de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en 2019.
"Nosotros votaremos a favor, sin duda. Creemos que los audios son contundentes. El nivel de presión que han ejercido sobre jueces es algo que no se puede pasar por alto", adelantó Torres. El legislador del PSC se mostró confiado en que en el Pleno se reunirán los votos para la censura y destitución.
Sin embargo, Salvador Quishpe (Pachakutik, PK) dijo que su bancada no votará a favor de la destitución, tras señalar que detrás del tema hay un intento del correísmo y el PSC por tomarse la Judicatura y manejar la Justicia.
Moreira y su colega Alejandro Jaramillo afirmaron que revisarán el informe que presente Fiscalización antes de tomar una decisión.
El jefe de bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores, señaló que se pretende censurar a la Judicatura por "causales que no tienen ningún sentido" y que todo "es parte de la persecución que tiene el correísmo contra las diferentes instituciones del Estado solo para captar el poder para ellos".
Además de María del Carmen Maldonado, el pedido de interpelación se da contra el actual presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y los vocales Juan José Morillo y Ruth Barreno.
Debate del caso Aduanas
El Pleno se instaló este martes para debatir un proyecto de resolución presentado por Ángel Maita, asambleísta de Pachakutik, sobre el caso de la directora de Aduanas, Carola Ríos.
Maita, así como asambleístas de Unes y el PSC pidieron que Ríos sea investigada por supuestas irregularidades en la designación de funcionarios en las Aduanas.
Incluso Gruber Zambrano, integrante de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), emplazó a Ríos a que renuncie a su puesto y que el Gobierno rectifique.
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