
La Asamblea Nacional debatió este 31 de julio de 2026 si acepta o rechaza el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda archivar el juicio político contra la exministra de Energía Inés Manzano. Este proceso surgió por cuestionamientos a la contratación de generadores eléctricos con la empresa Austral Technical Management (ATM), durante la crisis energética en Ecuador 2024.
Análisis del informe de Fiscalización para archivar el juicio político contra Inés Manzano
Para aprobar el informe se necesitba mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los legisladores presentes, con un cuórum mínimo de 77 asambleístas. La Comisión de Fiscalización aprobó un documento que concluye que existe “insuficiencia probatoria que permita identificar imputabilidad de responsabilidad política”.
El informe, que consta de 94 páginas, sostiene que los argumentos de los interpelantes resultan “inconexos” y que varias pruebas corresponden a publicaciones de prensa, mensajes en redes sociales y transcripciones de audios sin peritajes de autenticidad ni cadena de custodia.
Además, el documento señala que el desembolso del 60% del contrato con ATM fue procesado por la Unidad de Negocio Electroguayas a las 16:39 del 9 de octubre de 2024, antes de que el encargo ministerial de Manzano constara en el Sistema Minka.
Crisis energética y cuestionamientos a la contratación
Los legisladores Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenin Barreto, del partido Revolución Ciudadana (RC), impulsaron el juicio político.
Ellos sostienen que Manzano tuvo responsabilidad política por el proceso de contratación de los generadores eléctricos durante la emergencia energética.
Barreto afirmó que esperaba el respaldo de legisladores de Pachakutik, Partido Social Cristiano (PSC) e independientes para rechazar el archivo del proceso. También cuestionó la posición de quienes se identifican como independientes.
El legislador aseguró que la contratación con ATM fue “fraudulenta” y afirmó que existieron alertas e incumplimientos durante el proceso. Además, cuestionó que se descarte la responsabilidad política de Manzano porque su nombre no aparece en los contratos firmados.
El asambleísta Luigi García, de Acción Democrática Nacional (ADN), defendió el trabajo realizado por la Comisión de Fiscalización. Señaló que el proceso contó con acceso público y transparencia.
García indicó que las pruebas presentadas no permitieron establecer una relación de responsabilidad política que justifique la continuidad del juicio. José Nango, legislador aliado del Gobierno, reconoció la crisis eléctrica vivida en Ecuador en 2024.
Sin embargo, afirmó que durante la fiscalización no se comprobó responsabilidad política de Inés Manzano.
Nango presentó la moción para aprobar el informe que recomienda archivar el juicio político. También sostuvo que el cierre del proceso político no impide que continúen las investigaciones sobre posibles irregularidades relacionadas con el contrato con ATM.
Tras el debate de los asambleístas, el Pleno votó sobre el archivo del juicio político contra Inés Manzano.
Con 140 legisladores presentes, la Asamblea Nacional aprobó el archivo del proceso y cerró el juicio político contra la exministra de Energía con 81 votos afirmativos y 58 en contra.
Con información de El Diario Manabí
La Asamblea Nacional archivó el juicio político contra la exministra de Energía Inés Manzano este 31 de julio de 2026, luego de aprobar el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendó cerrar el proceso. La votación terminó con 81 votos a favor del archivo y 58 en contra, con 140 legisladores presentes.
El proceso surgió por cuestionamientos a la contratación de generadores eléctricos con la empresa Austral Technical Management (ATM) durante la crisis energética de Ecuador en 2024.
Los legisladores Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenin Barreto, de Revolución Ciudadana (RC), promovieron el juicio político contra la exministra.
Los interpelantes sostuvieron que Manzano tenía responsabilidad política por el proceso de contratación de generación eléctrica durante la emergencia energética, aunque su nombre no constaba como firmante del contrato.
La Comisión concluyó que existía “insuficiencia probatoria que permita identificar imputabilidad de responsabilidad política” contra Manzano.
El informe de 94 páginas cuestionó la solidez de varias pruebas presentadas, al señalar que incluían publicaciones periodísticas, mensajes en redes sociales y audios sin peritajes de autenticidad ni cadena de custodia.
El cierre del proceso evita una sanción política contra Inés Manzano dentro de la Asamblea Nacional, pero no impide que continúen investigaciones sobre posibles irregularidades en la contratación con ATM.
Legisladores oficialistas señalaron que el archivo del juicio no elimina la posibilidad de revisar responsabilidades administrativas o legales relacionadas con la crisis eléctrica.
La Asamblea cerró el trámite político, mientras las autoridades competentes pueden continuar con investigaciones sobre el contrato de generadores eléctricos.
El debate dejó abiertas diferencias entre oficialismo y oposición sobre la responsabilidad política durante la crisis energética de 2024 y sobre la validez de las pruebas presentadas.